La grave crisis de la entidad sigue encallada y el presidente asume que la solución "es compleja"
"A muy corto plazo" el actual equipo directivo de la Cámara de Comercio sopesa dejar la entidad por la grave crisis que arrastra desde hace siete años. La decisión, que lleva madurándose los últimos meses, podría desencadenarse "incluso antes de final de año", según reconoció ayer mismo el presidente, Juan Carlos Parada Rúa. Es más, hay un proceso electoral en marcha, que podría concluir en junio de 2018 con la elección de un nuevo equipo, pero es difícil que el comité ejecutivo actual llegue hasta esa fecha.
El máximo dirigente de la Cámara no quiere que se interprete la decisión de su equipo —que aún no es oficial—, como una dejación de sus funciones, sino porque la crisis de la entidad se sigue agudizando. Reconoce que "hay varias vías abiertas para atajar la situación" e intentar reconducir el camino cameral "pero no resulta fácil", asume.
La merma de ingresos que provienen del desarrollo de proyectos para las empresas aboca a la entidad a una solución difícil de gestionar. De hecho la Cámara no puede asumir el pago de las nóminas de los trabajadores por carecer de fondos.
En relación a este asunto, Parada quiso ponderar "la actitud de los trabajadores, que están teniendo un comportamiento ejemplar, atendiendo a sus obligaciones". De todas formas los empleados siguen sin cobrar y la Cámara no tiene fácil conseguir el dinero suficiente como para ponerse al día.
La venta de la sede de la avenida de La Habana ha estado siempre sobre la mesa, pero no ha cristalizado ninguna de las propuestas manejadas. Para enajenar ese patrimonio se requiere la aprobación del pleno y la ratificación de la Consellería de Industria, como órgano tutelante de la Cámara.
Mientras, subraya Parada, "seguimos trabajando para mitigar el problema actual", aunque insiste que la profunda crisis de la entidad empuja a sus directivos a echarse a un lado definitivamente.
Una larga agonía que arranca con la liberalización de cuotas en el 2010
En diciembre del 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un decreto por el que se eliminaba la obligatoriedad de las empresas de pagar cuotas a las cámaras de comercio. Fue la sentencia mortal para estas entidades. Desde entonces se pasó a un programa de captación de socios y de cobro de servicios a los empresarios que no surtió los efectos apetecidos. La Cámara ourensana siempre ha estado saneada económicamente, pero sus ingresos han impedido mantener su estructura.
Tuvo que aplicar un Expediente de Regulación de Empleo que se cerró sin que evitase la crisis, aunque la plantilla pasó de 22 empleados a los 17 actuales. Mientras la liquidez de la Cámara fue soportando los gastos la entidad se sostuvo, pero ahora mismo las dificultades ya son muchas. Parada reconoce que "el apoyo que nos ha dado la Diputación participando en diferentes programas ha sido importante" pero ahora la Cámara de Comercio requiere de más recursos. El presidente dice que si no hay una solución a corto plazo la dimisión sería un hecho, lo que provocaría que la Consellería de Industria tendría que tomar decisiones sobre su continuidad.
