La ministra portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles el esfuerzo del Gobierno en materia de transporte que se traduce en una mejor situación para las familias para que "esta crisis no la paguen los de siempre".
En el caso de Galicia, ha aclarado que aunque inicialmente la conexión Santiago-Ourense no estaba contemplada en la gratuidad del transporte ferroviario, está previsto añadirla.
Ha destacado ante los medios de comunicación el "comienzo de las medidas que aprobó el Consejo de Ministros a principios del mes de agosto y que fueron convalidadas por el Congreso la semana pasada", que entran en vigor mañana, como la gratuidad del transporte ferroviario en Cercanías y Media Distancia, a la que se sumaría los trenes a Ourense.
"A partir de mañana, en España, los transportes públicos van a ser más públicos. Es una seña de identidad de este Gobierno que reivindica lo público como una manera de igualdad, de dar oportunidades y de hacer un desarrollo más justo para nuestro país", ha detallado.
De hecho, ha asegurado que "el Gobierno de España va a hacer un gran esfuerzo para que los transportes, aquellos que dependen del Estado, sean gratuitos" tanto en ferrocarril como en carretera.
El "objetivo de la urgencia de estas medidas" es "que el esfuerzo del Gobierno de España se traduzca en un menor esfuerzo de las familia".
"Somos un Gobierno sensible que actúa con determinación en la política de nuestro país para salvar y que esta crisis no la paguen los de siempre", ha proseguido.
Además del ahorro económico para la ciudadanía, también se produce, según ha defendido, un ahorro de emisiones de CO2 que sirve para "combatir el cambio climático" y que ha cifrado, con el uso del transporte público, entre un 60 y un 80 % de bajada de emisiones.
"Sirve para ganar en autonomía y, por tanto, en dependencia del suministro energético dadas las circunstancias de la política internacional en torno a la energía", ha agregado.
Espera que la ciudadanía sepa "valorar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España" y agradece a todas las administraciones que se han sumado a estas acciones.
Caballero, "como presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)", ha asegurado que entre los ayuntamientos reconocen que es una "medida extraordinaria" que cree que supondrá un ahorro de unos 100 millones de euros de los usuarios y que abonará el Gobierno.
Ha señalado "consecuencias muy importantes" en cuestiones como el aumento del uso, la mejora de la movilidad, la transición ecológica al suponer un descenso de emisiones o la economía de la gente en un "contexto de inflación".
Por eso ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que abone otro 30 % adicional, si bien estas declaraciones se producían al tiempo que el titular del Gobierno gallego anunciaba un complemento hasta alcanzar el 50 %, lo que supondría un 10 % menos de lo que pide Caballero.
