batería de iniciativas en el congreso para reclamar al ejecutivo central el impulso a los proyectos pendientes
Dos meses restan para la finalización del año y la lista de deberes para el Gobierno central y, en concreto, el Ministerio de Fomento está repleta, con la necesidad de impulsar algunas de las viejas demandas que necesita la provincia de Ourense y que están motivando una batería de iniciativas por parte de los diputados de la oposición, tanto del PP como de En Marea.
Por un lado, siguen pendientes los avances en los proyectos de circunvalaciones, tanto de la ciudad de Ourense como de O Barco. En el primer caso, el departamento de José Luis Ábalos tiene pendiente la realización de una auditoría de seguridad vial para poder aprobar el proyecto constructivo del tramo entre Eirasvedras y Quintela, de 1,7 kilómetros y con un presupuesto de más de 30 millones. Por esta cuestión se ha interesado el parlamentario del PP Celso Delgado, que cuestiona por escrito al Gobierno sobre los plazos que maneja.
Por otro lado, en una vía clave para la movilidad en Valdeorras, el alcalde de O Barco, Alfredo García, sigue con esperanzas de que pueda salir la obra a concurso antes de que finalice el año, al estar el proyecto concluido y desbloqueado por el Ministerio de Fomento. No podrá estar, sin embargo, el tramo A Veiga de Cascalla-O Barco de la autovía A-76, cuyo proyecto no estará finalizado hasta mayo, según anunció recientemente el secretario general de Infraestructuras en una intervención parlamentaria.
Medidas exigidas
Por otro lado, el Ministerio de Fomento tiene también sobre la mesa los requerimientos efectuados desde la Diputación y el Parlamento de Galicia, ambos acordados por la unanimidad de todos los grupos que componen esas instituciones, para poner sobre la mesa medidas que permitan equiparar las tarifas que Renfe cobra a los usuarios del Avant entre Ourense y Santiago de Compostela, cuyo precio por kilómetro es un 66% superior al que tienen que abonar los viajeros del corredor atlántico entre Vigo y A Coruña.
Pese a que la reclamación se fraguó en el primer trimestre del año, ni el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ni el de ahora, con Pedro Sánchez, han dado un paso para cumplir con las exigencias fraguadas en las instituciones gallegas.
