Los planes de las administraciones contra la crisis demográfica chocan contra el recorte progresivo de las prestaciones a los habitantes de los entornos menos urbanos de la provincia
Fijar población en el rural. Ese es el latiguillo de la mayoría de los discursos políticos, pero su cumplimiento no es fácil y los hechos no acompañan a la teoría. La reordenación del servicio de transportes de la provincia, en estudio en estos momentos, comporta la desaparición de líneas. No será la puntilla, pero no ayudará a las comunicaciones ni a la permeabilidad social de las aldeas y las comarcas.
Han sido las mismas instituciones que promueven hoy recuperar el rural las que tomaron decisiones muy lesivas para su pervivencia. Hoy el autobús está en el debate, antes lo estuvieron la desaparición de colegios públicos, de cuarteles de la Guardia Civil, dispensarios médicos, oficinas bancarias, servicios judiciales o estaciones de ferrocarril. Hasta un cura debe atender a más de una parroquia.
La provincia tiene 314.853 habitantes y, en números redondos, ha perdido más de 21.000 desde el 2005. La despoblación es un hecho. Los intentos por detener la sangría están resultando baldíos y la pérdida de servicios básicos para la población no ayudan. El Instituto Galego de Estatística (IGE) cuantifica en más de 55.000 las viviendas vacías en la provincia, de las que casi la mitad (21.000) están en la ciudad y municipios que la circundan. Pero la comarca de Allariz-Maceda tiene 3.500; la de Baxia Limia, 929; en la de O Carballiño, 5.150; en A Limia, 4.160; O Ribeiro suma 4.229; más de un millar en Terra de Caldelas; casi 4.000 en Terra de Celanova; en torno a mil en Trives; en Verín y comarca, 6.000; en Valdeorras, 4.500 y en Viana, 1.175.
En este escenario los concellos han puesto en marcha medidas para paliar la despoblación: ayudas a la natalidad, alquileres baratos, ayudas para escolares, incluso primas por abrir negocios. Pero los resultados positivos son anecdóticos.
Un candado para más de 600 paradas de tren
La provincia ha vivido con cierto interés el debate sobre la llegada del tren de alta velocidad, sobre todo en cuanto a fechas y compromisos presupuestarios. Cuando las obras del AVE eran una realidad, Fomento también sentenciaba estaciones del ferrocarril convencional y las estaciones que había en sus líneas. El año 2013 fue uno de los más lesivos para el rural ourensano. En junio Renfe llevaba a cabo una "reorganización" de servicios que provocaba la pérdida de 600 paradas semanales. Fruto de aquella decisión es el cierre de decenas de estaciones, amparada en la pérdida de viajeros en los servicios de media y larga distancia.
La provincia perdió entonces 27 servicios semanales en la línea de Ourense a Santiago, precisamente por la entrada en servicio del AVE, lo que dejó el servicio muy mermado. Carballiño perdió servicios, como O Irixo y Friela Maside. Esa ruta perdió 202 paradas. En el trayecto a Vigo, quedaron por el camino 162 paradas, con una merma importante en las terminales de Ribadavia o Barbantes. Entre Ourense y Monforte se cerraron las estaciones de Barra de Miño, Os Peares, San Pedro de Sil, San Estevo de Sil y entre Ourense y Sanabria se cerraron las de Taboadela, Paderne, Ponteambía, Molgas, Vilar de Barrio, Alberguería, Laza, Castrelo do Val, Vilariño y A Mezquita, y la reducción de servicios en la de San Francisco.
A estas medidas hay que sumar los intentos este mismo año por cerrar la venta física de billetes de tren en las estaciones de O Barco de Valdeorras, A Rúa, Carballiño y Ribadavia. La presión popular y de los concellos ayudó a detener una medida que también minoraba la calidad del servicio.
El 25% de los concellos ya no tiene sucursal bancaria
El proceso de fusiones que las entidades financieras acometieron durante los últimos años redujeron sustancialmente el número de oficinas en la provincia, pero castigó especialmente al medio rural.
Desde el año 2009 las entidades financieras echaron el cierre a 141 oficinas y dejaron a 23 concellos sin este servicio, esencial sobre todo para las personas mayores, con menos posibilidades de desplazamientos y sin conocimientos de banca electrónica como para operar por Internet.
En el año 2009 las entidades mantenían 360 oficinas bancarias en la provincia, sin embargo el goteo de cierres dejó en el 2015 la cifra reducida a 219. En cifras absolutas, Ourense fue la provincia que más servicios bancarios ha perdido en relación a las otras tres gallegas. Como consecuencia de esas decisiones hoy están sin oficina los concellos de Xunqueira de Ambía, Lobeira, Baltar, Os Blancos, Rairiz de Veiga, Arnoia, Cenlle, A Bola, Chandrexa de Queixa, Larouco, Monterrei y Oímbra. Sus habitantes deben desplazarse para hacer cualquier gestión bancaria.
