Nadie esperaba a Francisco Rodríguez en la junta de gobierno que, como cada jueves, reunía ayer a la mayoría de los concejales del gobierno de Ourense. El alcalde había disculpado su presencia porque tenía un acto del partido. Por eso, y aunque alguno de los ediles ya lo sabía, el estupor fue general cuando la secretaria de la junta de gobierno, la socialista Áurea Soto, informó de que Francisco Rodríguez acababa de ser detenido en su domicilio.
Empezaba así una intensa mañana en el Concello, con la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, al frente, como alcaldesa en funciones. Entre los ediles, confusión: sabían que Francisco Rodríguez había sido trasladado a Pontevedra, decían que se encontraba en una sala custodiado por dos agentes, pero aseguraban desconocer qué había llevado a su detención. 'Os motivos non foron comunicados ó Concello', explicaba Isabel Pérez en su breve comparecencia a los medios, en la que afirmó que se enteró de la detención por 'persoas do seu entorno' (del alcalde).
A la declaración pública se llegó después de que la tensa calma de primera hora se fuera transformando a medida que la noticia se conocía en la calle. Los medios de comunicación empezaban a llegar a la Consistorial al mismo tiempo que lo hacían los cabezas visibles de los partidos políticos para asistir a una junta de portavoces.
De esa reunión salió, poco antes del mediodía, el comunicado conjunto en el que los portavoces de PSOE, BNG, PP y DO manifestaban su 'confianza na persoa do alcalde' y también 'en relación á inocencia'. Asimismo, esperaban que 'a autoridade xudicial explique os motivos da detención e resolva a maior brevidade posible este asunto'.
Tras una intervención en la que Isabel Pérez aseguró desconocer más datos sobre lo ocurrido y en la que tanto Agustín Fernández (PSOE) como Rosendo Fernández (PP) y Susana Gómez (D.O.) no hicieron declaraciones, el Concello se proponía seguir su actividad 'con total normalidade'. Y la rutina estaba personalizada ayer en los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel que iban a ser recibidos por el alcalde y la concejala de Benestar Social, Marga Martín, que, dadas las circunstancias, los recibió sola.
ESTUPOR
Más allá de los políticos, el estupor se extendió por todas las dependencias. Además, la sombra de un posible registro judicial en el Concello planeó durante todo el día, y más cuando dos agentes de la Guardia Civil acudieron a la Consistorial para abordar una cuestión de trámite, referida a la celebración de un acto. Finalmente, los propios concejales del grupo de gobierno desmintieron este pormenor. Sí se registró el Centro de servicios municipales del Concello de Lugo.
También se sucedieron las reacciones políticas, no sólo de los ediles sino también otros cargos públicos como la socialista Laura Seara, para la que este tipo de acciones 'no es casual en momentos electorales. Tereixa Paz, del BNG, demandó la rápida aclaración de esta situación, y el cabeza de lista por SCD, Martí Maqueda, apelaba a la presunción de inocencia del alcalde y mostraba su tristeza por el escándalo.
A la declaración pública se llegó después de que la tensa calma de primera hora se fuera transformando a medida que la noticia se conocía en la calle. Los medios de comunicación empezaban a llegar a la Consistorial al mismo tiempo que lo hacían los cabezas visibles de los partidos políticos para asistir a una junta de portavoces.
De esa reunión salió, poco antes del mediodía, el comunicado conjunto en el que los portavoces de PSOE, BNG, PP y DO manifestaban su 'confianza na persoa do alcalde' y también 'en relación á inocencia'. Asimismo, esperaban que 'a autoridade xudicial explique os motivos da detención e resolva a maior brevidade posible este asunto'.
Tras una intervención en la que Isabel Pérez aseguró desconocer más datos sobre lo ocurrido y en la que tanto Agustín Fernández (PSOE) como Rosendo Fernández (PP) y Susana Gómez (D.O.) no hicieron declaraciones, el Concello se proponía seguir su actividad 'con total normalidade'. Y la rutina estaba personalizada ayer en los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel que iban a ser recibidos por el alcalde y la concejala de Benestar Social, Marga Martín, que, dadas las circunstancias, los recibió sola.
ESTUPOR
Más allá de los políticos, el estupor se extendió por todas las dependencias. Además, la sombra de un posible registro judicial en el Concello planeó durante todo el día, y más cuando dos agentes de la Guardia Civil acudieron a la Consistorial para abordar una cuestión de trámite, referida a la celebración de un acto. Finalmente, los propios concejales del grupo de gobierno desmintieron este pormenor. Sí se registró el Centro de servicios municipales del Concello de Lugo.
También se sucedieron las reacciones políticas, no sólo de los ediles sino también otros cargos públicos como la socialista Laura Seara, para la que este tipo de acciones 'no es casual en momentos electorales. Tereixa Paz, del BNG, demandó la rápida aclaración de esta situación, y el cabeza de lista por SCD, Martí Maqueda, apelaba a la presunción de inocencia del alcalde y mostraba su tristeza por el escándalo.
