La hostelería gallega no da crédito. La orden del 22 de julio de la Xunta impuso la obligación de presentar certificados de vacunación o pruebas negativas para acceder al interior de los locales ubicados en concellos de nivel máximo y alto. La medida se hizo efectiva la medianoche del día 24 de julio. Ayer, casi tres semanas después de su entrada en vigor, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró en dos autos que esta obligatoriedad carece de vigencia, es decir, de legalidad. “¿Quién nos va a devolver a los clientes que perdimos por una ilegalidad?”, se pregunta Roberto González, de la Asociación de Hostalaría e Restauración Ourensá (Ahrou).
Los magistrados, además, aseguran que la Xunta nunca envió al alto tribunal gallego la orden del 22 de julio para su posterior ratificación. “Este anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a confusión”, señalan los jueces. Este paso, obligatorio desde el final del estado de alarma el pasado mes de mayo, es el que aporta legalidad a todas aquellas medidas sanitarias que limitan los derechos fundamentales de las personas.
El TSXG manifestó la falta de legalidad de la medida en dos autos, respuesta a dos recursos solicitados por asociaciones de hosteleros de Lugo y de Santiago en contra de la decisión de la Xunta. El sector se muestra indignado y se pregunta qué hubiese pasado si nadie se hubiese quejado: “¿Es que no hay alguien que esté controlando que las medidas que nos imponen son legales? ¿Seguiríamos pidiendo certificados hasta que Sanidade decidiese que ya no hacía falta?”.
LA RESPUESTA DE LA XUNTA
El Gobierno autonómico, por su parte, asegura que pedirá la ratificación del requisito del certificado covid para acceder al interior de establecimientos hosteleros. La Xunta considera procedente solicitar “canto antes” la autorización al TSXG, “para evitar calquera dúbida en relación coa vixencia e eficacia destes certificados e fomentar así a seguridade xurídica”.
El ejecutivo justifica su proceder por entender que esta medida “non afecta a dereitos fundamentais” y considera que está amparada en el marco de la Lei de Saúde pública de Galicia, que permite que las autoridades sanitarias autonómicas adopten medidas preventivas “cando exista ou se sospeite razoablemente a existencia dun risco inminente para a saúde da poboación”.
EL OCIO NOCTURNO
Los autos del TSXG recogen la ilegalidad de la medida, no solo para los negocios hosteleros, sino también para el ocio nocturno. En su caso, la obligatoriedad de presentar certificados para acceder al interior afecta a todos los pubs y discotecas de la comunidad desde la medianoche del pasado 20 de julio. En la ciudad, esta medida entró en vigor el sábado 10 de julio, hace más de un mes.
Año y medio de sucesivas restricciones para el sector
Para gran parte del sector hostelero ourensano, el auto del TSXG de ayer fue la guinda del pastel a un año y medio de sucesivas restricciones de su actividad. “Nosotros hemos acatado las medidas, todas. Trabajamos con menos aforo, con menos horario, cerrando interior si nos mandan… somos los primeros interesados en salir de esta situación, pero con medidas lógicas, no con esto”, señala Roberto González, de Ahrou. “Lo que queda después de lo que ha pasado es un sabor agridulce, parece que estuvimos haciendo el payaso estas dos semanas pidiendo certificados, enfrentándonos con algún cliente que no quería enseñarlo… Bienvenida sea la declaración del tribunal”, apunta Javier Outomuro, presidente de Unión de Hosteleros de Ourense (UHO).
Los afectados ponen de manifiesto la pérdida de ganancias provocada por la medida impuesta el pasado 24 de julio. “Yo cerré el interior de mi local porque no quería tener que hacer de policía con los clientes, y como yo, muchos. Cerramos parte de nuestros negocios para nada”, critica González. Desde Ahrou, de hecho, piden desde hace meses una indemnización “real” que cubra las pérdidas que el sector afronta desde el inicio de la pandemia. “Si no puedes abrir como siempre pero sigues pagando los impuestos al 100%, algo falla”, añade.
MEDIDAS IGUALITARIAS
En las últimas semanas, varios tribunales superiores de comunidades han rechazado la obligatoriedad de presentar certificados para acceder a establecimientos hosteleros. En otras zonas del país, esta medida no se ha llegado a imponer. Outomuro defiende que sea el Gobierno central el que tome medidas “igualitarias” para todo el país: “No tiene sentido que en cada sitio haya unas normas”.
