El tratamiento de las incapacidades temporales es el mayor escollo para la negociación
Los trabajadores de la Administración de Justicia en la ciudad volvieron a secundar masivamente la huelga convocada ayer por los sindicatos para pedir mejoras para el colectivo. Los juzgados de las distintas jurisdicciones suspendieron medio centenar de vistas mientras que los servicios mínimos solo atendieron causas con presos e incomparecencias inaplazables.
Oficinas desiertas, algunas incluso con la luz apagada, y ciudadanos que entraban y salían resignados -fueron convocados para los juicios y no fueron alertados de la huelga- dibujaron la estampa de la jornada. En este ocasión, no hubo concentración ni manifestación ya que la cita en la Compostela desplazó hasta allí a los representantes y afiliados de las centrales que integran la plataforma convocante, SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO.
Mientras que estas últimas cifraron el seguimiento del paro en un 95%, la Xunta lo rebajó a la mitad en el caso de Ourense (44,53%) y a un 42,11% en el conjunto de Galicia. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, matizó este porcentaje, al explicar que sale de los 1.137 trabajadores que secundaron la huelga, pero resaltando otros datos: 756 empleados públicos que no fueron por una ausencia justificada (por asuntos propios, vacaciones o bajas por enfermedad), y los 384 que sí han ido a su puesto de trabajo para cumplir con los servicios mínimos.
Manifestación
Unos dos mil trabajadores secundaron la manifestación convocada por las centrales desde la avenida Xoán XXIII, en las inmediaciones de la plaza del Obradoiro de Santiago, hasta el Parlamento gallego. Acompañada por representantes de toda la oposición (dieron su apoyo a los manifestantes los líderes de En Marea y PSdeG, así como el portavoz parlamentario socialista y diputados del PSOE y del BNG), la movilización transcurrió con gritos centrados en el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Junto a varias pancartas en contra de la discriminación laboral, Nilo Fernández, portavoz de SPJ-USO, mayoritario en la Administración de Justicia, alertó de que se ven "abocados" a la huelga indefinida desde el día 7 de febrero, y ha advertido, además, de que esta situación tendrá "consecuencias imprevisibles" para la sociedad gallega.
Esta tercera jornada de huelga se inscribió en la negociación entre sindicatos y Xunta sobre las mejoras laborales que reclaman los representantes de estos trabajadores, transferidos a la comunidad autónoma, que denuncian "discriminación" con respecto al resto de comunidades. Al respecto, el director xeral de Xustiza, asegura que la última oferta del Gobierno gallego les situaría por encima del promedio de las autonomías, y por encima de lo que cobran los empleados públicos en este ámbito en lugares como las dos Castillas, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia, Extremadura y Baleares.
Sin embargo, el principal escollo, según las centrales, y que llevó a que se levantaran de la mesa el pasado viernes, es el tratamiento de las incapacidades temporales. "Es el mismo que el resto de los empleados públicos de Galicia", ha aseverado Martín, quien, cuestionado sobre la diferencia en este punto con fiscales y jueces, alega que a ellos les paga el Estado.
Núñez Feijóo dice que es "inasumible" subir el 16%
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los empleados públicos de la Justicia que la Administración autonómica no les puede subir el salario un 12 o un 16%, pero ha querido destacar que hay puntos de acuerdo y ha llamado a los sindicatos a volver a la mesa de diálogo.
Para el mandatario autonómico, "ninguna discrepancia se va a resolver sin hablar" y afeó a los sindicatos por levantarse de la mesa de negociación. "La Xunta sigue en la mesa de negociación", defendió el máximo dirigente gallego, quien ha asegurado que "hay cinco puntos y acuerdo en tres de ellos", aunque hay "una diferencia no menor" con respecto a las condiciones salariales. "Piden un incremento de entre el 12 o el 16% por ciento, no podemos subir los salarios ese porcentaje", ha advertido, aludiendo al "impacto" que supondría, en referencia a las arcas públicas y, en concreto, a los presupuestos en vigor.
Los sindicatos han criticado que públicamente el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de quien depende esta materia, hubiese dicho que había avances y, sin embargo, fuese el director xeral de Xustiza el que se sentase con ellos en una reunión que acabó dejando el diálogo roto.
