La resolución de Doval apea del caso (sobreseimiento) al exalcalde Francisco Rodríguez y a la funcionaria Concepción Rodríguez
La denuncia por la gestión de la ayuda a domicilio en el Concello de Ourense en la época del PSOE, la que inició toda una batería de acusaciones contra el exgobierno socialista, tiene auto de imputación seis años después de comenzar a instruirse la causa.
El titular de Instrucción 2, Luis Doval, en un auto del 27 de abril, notificado ayer, da luz verde al trámite del procedimiento abreviado para juzgar en la Audiencia provincial a la exedil de Benestar Social y exteniente de alcalde Marga Martín, así como a los empresarios Alberto López (huido en Venezuela por el desfalco millonario de una cuenta concursal) y José Fermín Troncoso, quienes gestionaban la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, y que acabaron enfrentados.
La resolución de Doval apea del caso (sobreseimiento) al exalcalde Francisco Rodríguez y a la funcionaria Concepción Rodríguez. A lo largo de la instrucción, iniciada por el hoy presidente de la Audiencia, Antonio Piña, llegaron a declaran en calidad de investigadas hasta ocho personas, entre políticos y funcionarios.
El instructor imputa a los tres los delitos de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y/o fraude y exacciones ilegales. En el caso de la exconcejala añade el delito de malversación de caudales públicos, todos ellos con penas de prisión.
El procedimiento penal se sustenta en las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del servicio de ayuda a domicilio entre 2007 y 2011, en concreto con el pago de facturas realizado a la concesionaria y que contaban con reparos del interventor.
La imputación parte de que la adjudicataria supuestamente fue favorecida por la concejalía en tanto que se le efectuaron pagos en base a conceptos no recogidos en el contrato. Según sostiene el juez, la empresa percibió entre 2007 y 2008 un total de 336.000 en dos facturas falsas de regularización.
