La incertidumbre que se vive a nivel estatal, sin un Gobierno a la vista y con un mando en funciones que se prolonga ya desde hace meses, conlleva también que los gobiernos locales y la Diputación estén a la expectativa, ya que sus financiación se está viendo condicionada. Aunque es la pelea de las Comunidades Autónomas la que más focos se está llevando por las entregas a cuenta de la liquidación del ejercicio de 2017, de ese desbloqueo también están pendientes las entidades locales ourensanas.
En la suma de los últimos tres ejercicios liquidados (2014 a 2016), esa revisión le supuso a la provincia el ingreso de casi seis millones de euros correspondientes a las cantidades adeudadas por un cálculo a la baja de los pagos que Hacienda transfiere mensualmente a las entidades locales.
Para facilitar la labor de concellos y diputaciones, Hacienda estima al inicio de cada año las aportaciones por factores como la población o el esfuerzo fiscal en el caso de pequeños municipios y la parte proporcional de tributos como el IRPF, IVA o Hidrocarburos y el Fondo Complementario de Financiación en el caso de las ciudades y entes provinciales. Las variaciones en los ingresos del Estado obligan después a hacer el ajuste.
Estimaciones
Aunque es habitual que las liquidaciones estén culminadas a estas alturas del año, la de 2017 está acumulando un importante retraso por la interinidad en Moncloa, lo que ha desatado ya una ofensiva del PP para reclamar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que active el cálculo para que concellos y diputaciones conozcan con qué fondos pueden contar, en un momento en el que se empiezan a elaborar los presupuestos del próximo año y planificar sus inversiones.
Analizando los datos de las revisiones ya efectuadas para los ejercicios 2016, 2015 y 2014, el primero de ellos es el que arroja el cálculo con menos desfase para las entidades de la provincia, a la que llegaron 135.475 euros. Pese a esto la mayoría de los concellos (53 de 92) vieron como tenían pendientes de percibir 623.016 euros, encabezando el ranking tanto Ourense como o Barco, con más de 80.000 euros adeudados, mientras que Xinzo de Limia, Carballiño y Coles oscilaban entre 35.000 y 27.000 euros
En lo que respecta a los municipios restantes, el cálculo al alza en las entregas respecto a la participación que les correspondía dejó un saldo negativo acumulado de más de 482.226 euros, destacando los 45.300 euros de Vilardevós o los 36.000 de Lobios y Laza. Con todo, los ayuntamientos que se vean en esta situación no deben realizar un pago a Hacienda, sino que el Ministerio le retiene en los siguientes ejercicios una cantidad mensual para lograr el equilibrio.
Más ejemplos
Si en 2016, las previsiones se cumplieron en parte, no sucedió lo mismo con los datos de 2015, cuando apenas 10 concellos se financiaron por encima de lo que les correspondía, con un saldo total de 141.849 euros, una cantidad muy inferior a la deuda a abonar al resto de municipios y Diputación, que ascendía a 5,3 millones de euros.
La mayor parte correspondía a la institución provincial, que debía percibir por su participación en los ingresos del Estado 2,8 millones a mayores. Mientras, el Concello de Ourense cerró el ejercicio con una deuda pendiente de más de 782.000 euros, ascendiendo la cantidad a percibir por los 91 concellos restantes a cerca de 1,7 millones, destacando los registros de los ayuntamientos de O Carballiño, con 138.000 euros, y O Barco, por encima de los 102.000 euros.
Mientras, según los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio de 2014, apenas tres concellos de la provincia –Sandiás, Avión y Melón– liquidaron sus ingresos estatales con una cantidad por encima de lo que le correspondía (cerca de 27.000 euros entre los tres), mientras que a los 89 ayuntamientos restantes les correspondió percibir a mayores de las entregas con las que fueron contando durante el año casi 300.000 euros, de los que algo más de 133.000 fueron para la ciudad de As Burgas.
Las aportaciones, congeladas tras el "no" a las cuentas
Una de las consecuencias del "no" al proyecto de Presupuestos Generales que pretendió aprobar en febrero el Gobierno liderado por Pedro Sánchez fue el tener que mantener "congeladas" las entregas a cuenta que el Ministerio de Hacienda hace a las entidades locales, que según figura en el presupuesto en vigor, el aprobado por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, que supone una inyección de unos 162 millones de euros en la provincia.
Entre las intenciones del Gobierno socialista, transmitida al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, estaba la de mejorar la financiación local y destinar un 8% más a estas entidades, algo que por ahora está en el limbo a la espera de saber si hay Gobierno.
