Los expertos piden que se solventen las "dudas" que la nueva ley causa con los contratos menores
La nueva Ley de Contratación Pública trae de cabeza a los pequeños concellos, paralizados a la espera de adaptarse a los cambios. Pero, ¿son razonables sus preocupaciones? A tenor de lo que dicen los expertos en la materia, es comprensible que los pequeños ayuntamientos, carentes de personal suficiente, tengan problemas.
Hay una doble vertiente: por un lado, la limitación de los contratos menores –es decir, aquellos que se adjudican "a dedo"– y, por otro, la obligatoriedad de tramitar todo electrónicamente, lo que choca con el escaso desarrollo tecnológico en algunos municipios.
"La paralización es clara, también debida a que los días anteriores, se disparó la licitación. De hecho el 8 de mayo aumentó un 208%, y el 7 de mayo hubo un aumento del 180%. No es casualidad", explica Concepción Campos, doctora en Derecho, secretaria en la administración local y codirectora de la Red Localis y miembro del Observatorio de Contratación Pública.
¿Por qué hay parálisis?
Según esta experta, la ley afecta "con mucha diferencia" a los concellos pequeños, porque "el 70% de su contratación es menor" (es decir de menos de 15.000 euros, con la nueva ley, ya que antes el límite estaba en 18.000 euros).
En el tema de los contratos menores es donde se sitúa en la actualidad la "inseguridad jurídica", como indica el profesor de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y alcalde de Ares Julio Iglesias.
Dicha inseguridad llega por la "doble interpretación" que las diferentes juntas consultivas están realizando. Por un parte, unas señalan que durante un año no se puede contratar más de 15.000 euros por la vía de adjudicación directa a la misma empresa, mientras que otros dictámenes dicen que sí que se pueden suceder contratos menores con la misma empresa siempre que exista una justificación de que los conceptos son diferentes.
En ese punto, queda en manos de los técnicos decidirse por una u otra opción, con lo que desde los concellos creen que estos ganan poder, aunque en realidad, no es para tanto. "Una vez que el técnico decida uno de los criterios, debe mantenerlo, por lo que no debería haber arbitrariedad", dice Campos.
Los técnicos, divididos por la falta de criterio: ¿hay o no hay limitación de adjudicaciones a una misma empresa?
Para el profesor de Economía Aplicada Alberto Vaquero, la nueva norma se crea para "reducir el número de contratos a dedo", debido a la proliferación de casos relacionados con la malversación de fondos públicos.
Pero lo que, en teoría, venía a frenar la corrupción, ha vuelto "locos" a los ayuntamientos, subraya Campos. "Si las juntas consultivas no se ponen de acuerdo es normal que haya controversia. Un concello puede aplicar un criterio y contratar con la misma empresa, y otro, no. Depende del criterio que sigan", añade.
No "pillarse los dedos"
Siguiendo el criterio más conservador y para no "pillarse los dedos", muchos evitan sacar contratos menores por adjudicación directa. "Si necesito material de ferretería y ya he gastado 15.000 euros con el ferretero del pueblo, me veo obligado a sacar la adquisición de tornillos a concurso", indica Iglesias, que puntualiza "que muchas empresas de los pequeños concellos no están preparadas para eso".
En este punto, este experto en materia de Derecho, considera que se ha introducido la "inseguridad jurídica" y que, para superarla, cree que habrá que "solventar la duda y decir si hay o no hay límite de contratación con la misma empresa". De no revertirse, creen que "repercutirá en las pymes de los pueblos".
Mientras, como dice Campos, los pequeños concellos apostarán en su mayoría por "lo menos arriesgado", es decir, un máximo de 15.000 euros por contratista.
La obligatoriedad de usar la vía telemática, otro de los motivos para la parálisis
Las dudas al realizar "contratos menores" no implican, en ningún caso, que no se puedan licitar obras y servicios, con la salvedad de que sobrepasados los 15.000 euros de gasto con una empresa, la única forma de que esta pudiera seguir prestando el servicio sería ganando un concurso o con los nuevos procedimientos que establece la ley: procedimiento simplificado o super simplificado. Según Concepción Campos, estos mecanismos "facilitan los trámites" y cree que funcionará cuando "esté rodado", aunque ve "razonable" que haya paralización, ante "la escasez de personal en municipios".
Pero este punto no es el único "conflictivo" en la nueva Ley de Contratos Públicos. A Julio Iglesias Redondo, profesor de la USC, no le convence una mesa de contratación que "echa a la oposición" y en la que "solo se quedan alcaldes y técnicos". También señala Iglesias la "complejidad" en la tramitación, ya que al obligar a hacer telemáticamente todos los concursos y subirlos a una plataforma electrónica "puede optar una empresa de Alicante a una pequeña obra de un pueblo, y los concellos han de estar preparados para videoconferencias".
Aquí también ve el problema Alberto Vaquero, ya que muchos concellos "no cuentan con plataformas telemáticas que soporten el proceso de contratación". Apunta Vaquero a una de las claves de la "paralización" inicial que sufren los concellos. Los criterios de adjudicación se deja de primar la oferta económica más baja, reemplazado este criterio por la mejor relación calidad- precio, dando poder a criterios ambientales o laborales. "Lo anterior era un procedimiento casi automático, y pasa a necesitar del apoyo de técnicos expertos que evalúen cada una las ofertas presentadas", subraya.
