Quince hombres están actualmente en alguna cárcel del país controlada por la Administración central por calcinar el monte. Diez de ellos en cárceles de la Administración central: ocho están condenados; uno aún se encuentra en prisión provisional y hay otro con una medida de seguridad, en un centro psiquiátrico penitenciario.
En las prisiones catalanas, comunidad con las competencias penitenciarias transferidas, hay cinco internos (uno de ellos en prisión provisional). En el caso de los cuatro ya penados, el delito de incendio está vinculado a otro de homicidio ya que el fuego causó víctimas mortales.
Por su parte, las tres cárceles del País Vasco no albergan a ningún condenado por incendio forestal.
EN MANZANEDA
En el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar hay dos (eran tres, pero uno falleció recientemente fuera de prisión). Carlos G.B. tiene 72 años y fue penado con dos años y medio por quemas intencionadas en Manzaneda en el año 2012. Posteriormente, a otros 22 años por intentar asesinar con un hacha a dos vecinos que colaboraron con la Guardia Civil para resolver incendios frecuentes en ese concello. La Audiencia dictaminó que actuó a modo de venganza y tuvo en cuenta su adicción al alcohol. De hecho, salió de la cárcel por el fuego y poco después atacó a las víctimas (enero de 2013).
EN MACEDA
También está en la cárcel Ricardo G.G. (46 años), según confirman fuentes judiciales, por tres condenas por quemar montes en Maceda en los veranos de 2017 y 2019. Sus sentencias suman algo más de cinco años en total. No se libró del ingreso, pese a que las penas le quedaron aminoradas por el alcoholismo que padece. Tuvo madrugadas de hasta cinco fuegos.
LA CONDENAS
Las penas impuestas por incendio imprudentes suelen ser entre seis y nueve meses de prisión si bien el castigo se endurece en el caso del que el incendio se haya ocasionado en una zona de especial protección. La condena de cárcel va acompañada de una multa. En caso de fuegos intencionados, la pena oscila, si no hay atenuantes, entre los tres y los cinco años. No obstante, pueden llegar a los 20 años si se atenta contra la vida e integridad de las personas.
