La gestión del Concello de Ourense se está viendo condicionada por una especie de bloqueo que se está produciendo cuando determinados expedientes llegan a la mesa del interventor municipal, Gonzalo Alonso, lo que incluso llevó a un edil del anterior gobierno municipal a solicitar la incoación de un expediente disciplinario, actualmente en espera, ante la Dirección Xeral de Administración Local, al entender que está desarrollando su trabajo de manera inadecuada, algo que también detectó el Consello Consultivo, acusándole de emitir un informe sin fundamento que bloquea la mejora del servicio de limpieza.
Aunque no están incluidos entre los ejemplos recogidos en esa solicitud de expediente disciplinario, los incumplimientos de plazos para influir en la vida municipal están atascando la realización de obras, el pago de facturas relacionadas con algunas que sí llegaron a realizarse o el abono de convenios a los que el Concello se comprometió.
"Está habiendo un perjuicio no solo a la ciudadanía en general, sino a empresas concretas que lo están pasando mal al no cobrar", señalan fuentes en el Concello, que se está viendo inmerso también en procedimientos judiciales impulsados por compañías afectadas, a los que los jueces están dando la razón, obligando a la administración a tener que asumir, además del pago de la factura en sí, los intereses y las costas, con el consiguiente efecto en las arcas municipales.
Pagos atrasados
El plan de obras impulsado por el Concello, que contó con la cooperación de la Diputación, está entre los temas condicionados por la labor del interventor municipal, que devolvió facturas por importe superior a 700.000 euros, que debían ser pagadas como límite el 30 de noviembre del pasado año, asegurando que ya no había fondos.
"Eran facturas conformadas por el representante político, el jefe de servicio, algunas de ellas de mayo, junio o julio, pero fue imposible", explican las fuentes consultadas. Una vez que no se pudieron hacer efectivos los pagos a las empresas, viéndose algunas de ellas forzadas a pedir créditos para subsistir, las facturas pasaron a formar parte de la denominada "cuenta 413", que engloba aquellas operaciones pendientes de aplicar al presupuesto que no pudieron formalizarse en el ejercicio y que debe ser saldada a través de una modificación de crédito a cargo del superávit generado el año anterior.
Sin embargo, el área económica desconocía aún, a día de ayer, en cuánto quedará exactamente el superávit del Concello, algo que se fija en el informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda, del cual es responsable el interventor municipal, así como de informar la liquidación presupuestaria de 2018, algo que Gonzalo Alonso no realizó hasta el pasado 1 de julio.
Alonso asegura en un escrito de rectificación presentado a una información publicada por este diario que "la liquidación del ejercicio no está en Intervención". Asimismo, indica que"no están bloqueados alrededor de 100 millones de euros, que se ha culminado el proceso de liquidación y que el mismo no está pendiente de Intervención". Por otro lado, apunta que Intervención "no impide incorporar esos fondos al presupuesto para realizar modificaciones de crédito o tener liquidez para abonar facturas pendientes".
No explica el funcionario, sin embargo, que superó con creces el plazo que tenía para emitir el informe a la liquidación presupuestaria, que le fue solicitado a finales de mayo, fijando la legislación un plazo de 10 días hábiles. Además, mientras no se pronuncie sobre el cumplimiento de la regla de gasto (algo que también se puede hacer en paralelo al informe de liquidación, al beber de los datos de esta), no se puede iniciar la tramitación de la modificación de crédito de la "cuenta 413" para llevarla a pleno, teniendo el gobierno municipal ya preparado el expediente, que rebajará notablemente el período medio de pago a proveedores.
Obras
También tiene pendiente el Concello la reincorporación de fondos del remanente aprobados en las modificaciones de crédito del último trimestre de 2018, expedientes que también deben ser fiscalizados por el interventor municipal. Hay cierta urgencia en contar cuanto antes con este dinero, dado que se deben iniciar los procedimientos de contratación de las obras, para que no suceda lo mismo que en 2017, cuando cuatro obras se quedaron en el tintero al no recibir la fiscalización favorable la propuesta de adjudicación de las mismas, siendo imposible retomarlos el año siguiente sin reiniciar de nuevo toda la tramitación.
Convenios
En los primeros meses del presente ejercicio, el gobierno municipal también trató de transferir unos tres millones de euros de la partida del presupuesto vigente, de 2014, destinada a la amortización de deuda, que ya no es necesaria al haber desaparecido. El objetivo era abonar las cantidades comprometidas en los convenios para abordar el saneamiento de Velle, el proyecto de turismo inteligente de Red.es o los pasos en Ramón Puga y Tarascón. Según fuentes consultadas, el interventor no avaló la propuesta al entender que afecta a la estabilidad presupuestaria, criterio no compartido por otros técnicos municipales.
