El asesor jurídico mantuvo que advirtió de irregularidades en la elección del procedimiento concursal para adjudicar las obras
El interventor del Ayuntamiento de Ourense, que ya declaró en el juzgado que advirtió irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya en 2008, volverá a declarar como testigo la semana próxima, ya que estaba citado este miércoles y no lo hizo por encontrarse de vacaciones.
El juzgado de instrucción número 2 recogió la declaración, también como testigos, del tercer miembro de la mesa de contratación, que no había declarado todavía, y de una funcionaria que participó en una supuesta reunión previa a la apertura de plicas del concurso negociado y sin publicidad, abierto para obras de mejora en la rúa Bedoya.
Según fuentes jurídicas, la declaración del miembro de la mesa de contratación giró en torno al proceso de apertura de plicas. El próximo miércoles día 19 de noviembre, el interventor está citado de nuevo para declarar, por segunda vez, en relación con la adjudicación que, según dijo en la primera comparecencia ante el juez, podría incluir irregularidades en el procedimiento escogido para otorgar las obras.
La investigación judicial comenzó en septiembre de 2013, a raíz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana, por las obras cuya cuantía fue de 593.000 euros y adjudicadas por un procedimiento acorde con la urgencia para cumplir plazos en el acceso a una subvención de la Xunta de Galicia.
Desde entonces, declararon como todos los integrantes de la mesa de contratación, de los que como imputados, lo hicieron el exedil de Obras en 2008, el nacionalista Andrés García Mata, el asesor jurídico Luis T.
El asesor jurídico mantuvo que advirtió de irregularidades en la elección del procedimiento concursal para adjudicar las obras, afirmación hecha también por el interventor en su primera declaración como testigo, frente a lo afirmado por el imputado García Mata y el que era su asesor, Hixinio V., que ya declaró como testigo.
También declararon como imputados todos los miembros de la Junta de Gobierno local que en 2008 acordó adjudicar las obras a la empresa OCA y los tres empresarios que representan a las tres empresas que concurrieron en el procedimiento negociado y sin publicidad y que fueron OCA, Orega y Opain.
En el caso de los políticos y técnicos, por posible prevaricación y en el caso de los empresarios por posibles delitos de concertación para alteración del precio, en relación al de prevaricación administrativa.
La junta de Gobierno que acordó la adjudicación el 6 de septiembre de 2008 estaba integrada por el exalcalde, Francisco Rodríguez, el actual regidor y entonces edil de Facenda, Agustín Fernández, los ediles entonces del BNG Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez, Marta Arribas y Andrés García Mata, y los entonces ediles socialistas Áurea Soto (ahora edil de Urbanismo), Demetrio Espinosa y Marga Martín (actual edil de Sanidade); todos ellos imputados en al menos este caso.
