El técnico enmienda su informe de julio que avalaba las cuentas, algo "sorprendente " para Morenza
El Concello de Ourense afronta un nuevo contratiempo en el área económica. De manera totalmente inesperada, el pleno de ayer dio cuenta de un informe elaborado por el interventor municipal, Gonzalo Alonso, que detecta un incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2017 de algo más de 3,2 millones. La situación ha cogido por "total sorpresa" al gobierno local, que había desbloqueado la liquidación del presupuesto en el pleno de julio con todos los informes a favor.
El documento del interventor, con fecha del 1 de octubre, se elabora como uno complementario al original, que determinaba que el Concello se había movido dentro de los parámetros establecidos y cumplía así la regla de gasto, uno de las tres reglas fiscales junto a la estabilidad presupuestaria y el límite de deuda.
Gonzalo Alonso habla de un "erro interpretativo" a la hora de calcular el límite de gasto, tomando en consideración las magnitudes del Plan Económico Financiero que el Concello tuvo que aprobar en 2015 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, el alto funcionario entiende ahora que el techo de gasto debía salir de las cifras de la liquidación del ejercicio anterior, lo que provoca el desfase al "ser metodoloxías moi diferentes entre si". Aporta como prueba una captura de la Oficina virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda.
La emisión de este informe complementario pilló con el pie cambiado al gobierno local. Según explica la edil de Facenda, Ana Fernández Morenza, "lo conocí el martes a las 8,30 horas porque me lo entregó el secretario cuando, como concejala responsable, debía haber pasado por mis manos desde Intervención".
Petición
La responsable de Facenda asegura que el lunes se solicitará al interventor un "informe completo donde se detalle pormenorizadamente las causas del error interpretativo, así como el responsable de dicho error y que se establezcan también detalladamente los cálculos, ajustes y resultados que den lugar al supuesto incumplimiento".
El desenlace de este asunto es clave, ya que de confirmarse la última tesis del interventor el Concello se vería obligado a aprobar un nuevo Plan Económico Financiero y someter su gestión económica a la tutela de la Xunta para corregir el desequilibrio, lo que limitaría el día a día de la administración.
