OURENSE

El interventor dijo al juez que el proceso de la calle Bedoya “fue ilegal"

Gonzalo Alonso declaró que no pudo advertir de la ilegalidad en la Junta de Gobierno porque no fue convocado a la misma

El interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, declaró ayer ante el juez Antonio Piña que el proceso de adjudicación de la reforma de la calle Bedoya mediante un procedimiento negociado sin publicidad fue "ilegal". Su testimonio, pendiente de la semana pasada, será clave para el cierre de la instrucción.

Gonzalo Alonso señaló que esa irregularidad la había advertido en la reunión a la que fue citado por orden del concejal de Infraestructuras en 2008, Andrés García Mata (ahora imputado por esta causa junto a otros siete concejales socialistas y nacionalistas, incluido el actual alcalde, Agustín Fernández), y allí ya avisó de que la legislación de contratos no contempla un procedimiento aplicable al reducido plazo con el que contaba el concejal para evitar la pérdida de la subvención concedida por la Xunta. No cabía el proceso negociado sin publicidad y el procedimiento con publicidad demoraría los plazos e impediría utilizar la ayuda.

Precisamente, la adjudicación de la obra en un proceso negociado sin publicidad es la que ha abierto estas diligencias, pendientes también en la Praza de Paz Nóvoa, donde se siguió el mismo planteamiento.



Proceso "viciado"

A preguntas de los abogados de los imputados, el interventor dejó claro que, de todos modos, no existe informe escrito suyo porque nunca se le remitió el expediente para que lo evaluase. Abundando en su criterio, detalló asimismo que la mera ausencia de su fiscalización vició todo este proceso; sólo emitió informe, y negativo, cuando le llegaron las facturas de la obra realizada; "con anterioridad nunca tuvo el expediente en su poder", dijo, según consta en su declaración.

El técnico también respondió, a preguntas de los letrados, que es el concejal del departamento el que ordena que los asuntos vayan a la junta de gobierno -donde se aprobó ese procedimiento sin publicidad-, aunque el asunto se presentó fuera del orden del día y en la reunión del gobierno local también el asesor jurídico -precisó el interventor- comunicó que el procedimiento no era el adecuado, aunque no había tiempo antes del pleno que debía aprobar la obra para efectuar un informe jurídico amplio.

Igualmente, el técnico dijo, a instancias de los abogados, que normalmente los asuntos que llegan a junta de gobierno lo hacen con los expedientes cerrados y, en todo caso, esas juntas son órganos políticos; el interventor y el jurídico sólo están por cuestiones técnicas.

Alonso abundó en que había advertido de la ilegalidad del procedimiento que se debía emplear en la adjudicación de esta obra y el concejal García Mata "no pudo sacar la conclusión de que podía acudir a ese procedimiento". Incluso después de aquella reunión previa a la junta, donde expresó su postura, comentó con el jurídico Luis Tros "que el procedimiento era ilegal", y de ello ya se habían hecho eco todos los medios de comunicación "y lo conocía toda la ciudad". Eso sí, no lo advirtió en la junta de gobierno que aprobó el proceso porque no fue convocado a la misma.

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