Agustín Fernádez invocó "el interés público" a la hora de prorrogar esa prestación de servicios
El último mandatario local socialista de la ciudad, Agustín Fernández Gallego, pese a que puso fin a los contrataciones externas (asistencias técnicas) a los pocos meses de aterrizar en la alcaldía, ayer, en la segunda sesión del juicio en el Penal 2, las defendió con empeño. Y, por extensión, la actuación de los seis cargos del PSOE y BNG en la etapa del bipartito acusados de un delito de prevaricación continuada -el exalcalde Francisco Rodríguez, la exedil de Urbanismo Áurea Soto (PSOE), los exconcejales Fernando Varela, Iolanda Pérez (BNG) y los exdirectores xerales Xosé Carballido y Xosé Somoza- por supuestamente dar cobertura a esa prestación de servicios en el área de Urbanismo y Rehabilitación/Vivenda.
El que fuera regidor entre octubre de 2013 y junio de 2015 defendió las prórrogas de las asistencias técnicas, invocando "una razón de interés público". En este caso, se trataba, según recordó, de técnicos (tres arquitectos, una aparejadora y un abogado) asignados a áreas municipales en las que se llevaban grandes asuntos, como el plan de urbanismo, programas de rehabilitación de viviendas o expedientes de demolición. En ese momento -precisó- no se podía ir a una contratación pública ya que la tasa de reposición en el Concello, por imperativo estatal, era inexistente.
A pesar de que desde 2011 todas las facturas mensuales -siempre por el mismo importe- presentadas por los cinco trabajadores fueron objeto de reparo por parte del interventor, en tanto que no admitían prórrogas, Fernández Gallego justificó la validación por parte de su antecesor, Francisco Rodríguez, para así poder pagarlas. Entiende que el levantamiento de reparos es "completamente normal en la Administración local". Y lo ejemplificó con algo que le sucede hoy al PP: "Los reparos continuos del interventor, por ejemplo, porque se pagan 700.000 euros al mes por el transporte urbano porque se está prestando en precario al igual que el mantenimiento semafórico de la ciudad".
Y, aunque fue él quien puso fin a esa modalidad para poner en marcha un proceso de contratación de interinos, se restó importancia, dando a entender que ese era el momento de resolverlo y no otro.
El interventor ratificó que advirtió al Ayuntamiento sobre las irregularidades de esas contrataciones y sus posibles consecuencias, tal como finalmente ocurrió: la incorporarción a la plantilla como personal laboral tras las sentencias dictadas en la jurisdicción Social. El funcionario municipal apuntó que tendría que haberse hecho a través de un concurso público después de aprobar un pliego de condiciones, publicar la convocatoria y abrir un plazo para presentar propuestas. No eran "contratos menores" que pudiesen adjudicarse de forma directa, toda vez que sus beneficiarios cobraban más de 18.000 euros anuales y excedieron el año de duración.
