El informador de Asuntos Internos hablaba de una trama de corrupción al margen de control
Asuntos Internos comenzó la investigación que desembocó en la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y revelación de secretos en base a la información que le hizo llegar el 11 de noviembre de 2014 un informador anónimo que, según valoran fuentes cercanas a la investigación, "es un funcionario policial". Para las partes personadas en el proceso consultadas por este diario, no cabe la menor duda de que es "alguien de dentro". El detalle de sus confidencias y la concreción de los hechos expuestos así lo corroboran.
Más aún, creen ver a la misma persona que en febrero de este año envió a los medios de comunicación otro anónimo que recogía la desaparición de seis armas en un búnker de la comisaría desde el verano de 2014, y que sirvió para airear un asunto que hasta ese momento sólo se conocía de puertas para dentro.
Pero el informador, al que Asuntos Internos dio máxima credibilidad, si bien no llegó a incorporar la carta como tal al sumario sino fra- ses extractadas, también vertía una serie de acusaciones falsas. La más importante, la que relacionaba a los policías imputados con el robo de las armas. Asi mismo, facilitó identidad de agentes a los que se les llegó a intervenir el teléfono y que, tras meses de pesquisas, cayeron en saco rato.
Pero el anónimo, que hablaba de "un grupo paralelo de investigación al margen de cualquier control", pone el foco en el jefe del Grupo operativo de estupefacientes de la Policía Nacional en Ourense, A.R.F., quien resultaría imputado por las supuestas irregularidades perpetradas en su relación profesional con narcotraficantes que le servían de confidentes.Este inspector,en noviembre de 2014 pertenecía al GOR -Grupo Operativo de Respuesta- y sólo un mes después fue designado como jefe del grupo de drogas en reconocimiento a su trabajo policial.
Pero el confidente de Asuntos Internos sostiene que el grupo comandado por A.R.F ."realiza operaciones encubiertas sin comunicar". Y pone ejemplos: una actuación antidroga con 12 policías cuando estaban liberados de servicio y sin que fuera comunicada a ningún superior. En un intento de descalificar, alude a que se coacciona a distribuidores y consumidores o que llegan a acuerdos con ellos para colocar en el mercado a las personas que ellos estiman convenientes.
El informante subraya el hecho de que los supuestos policías corruptos facilitan datos de agentes adscritos a grupos de investigación a los traficantes, el hecho más grave, según valora Asuntos Internos. Precisamente,esta es una de las imputaciones que pesan sobre los cuatro policías investigados en la operación Zamburiña. Así pues, dice que llegó a ver listados con matrículas de coches personales y camuf lados así como fotos de policías ourensanos que se le entregaban a confidentes.
Precisamente una de la primera medidas que adopta Asuntos Internos en el marco de la investigación fue ver las consultas que hicieron los aludidos en las bases policiales, corroborando la información. Según valora, carecen de explicación y pueden poner en peligro la integridad física de los aludidos.
Paralelamente, antes de las intervenciones telefónicas, el grupo de investigación policial examinó atestados de operaciones desarrolladas por los sospechosos, adscrtos al GOR, en los que hubo información confidencial para detener a traficantes. En base a ese análisis, sostiene que actúan como grupo paralelo. No obstante, fuentes oficia- les de la comisaría, confirmaron a este diario que la brigada de seguridad ciudadana, a la que pertenece el GOR, también asume operaciones ligadas al tráfico de drogas entre sus funciones habituales.
El Sindicato Unificado de Policía, que asumió la defensa de los agentes encausados, apela a la presunción de inocencia de los funcionarios investigado. Matiza que "no está probado que las consultas se realizasen con el usuario y la contraseña del inspector aludido". Y enfatiza "las muchas mentiras del informador anónimo".
Según pudo saber este diario, a través de fuente policiales, la Dirección General de la Policía limita las claves de acceso a las aplicaciones destinadas a consultas,porloque los agentes de ciertos grupos de investigación comparten claves cuando el funcionario que dispone de las mismas se encuentra de permiso, incapacidad o de vacaciones.
