Jardines para cultivar otra vida

Entre setos, plantas y rastrillos, los trabajadores de Aspamadis en Ourense han encontrado un oficio verde, el color de la esperanza, la fortaleza de los escudos de armas y hasta del equilibrio en el mundo oriental. En este centro especial de empleo pero de iniciativa social -recalca el presidente, Manuel Martín González- cultivan desde 2016 la inserción laboral con personas con discapacidad intelectual y con enfermedades mentales. Un colectivo, este último, con un plus de dificultad para acceder al mercado (empresa ordinaria o a la función pública) porque hay demasiados muros con mala hierba. Y ello pese a que España cuenta con una avanzada legislación de inclusión social, que no siempre se cumple. Rosa María, Miguel, Roberto, David, Miguelín… se emplean a fondo en el mantenimiento integral de zonas verdes en la provincia para ganarse el sustento. La energía de Rosa (48 años) cuando pasa la escobilla es sencillamente admirable. Desbrozan, cortan el césped, riegan, miman las plantas o barren las hojas secas con herramientas más o menos sofisticadas dependiendo del grado de discapacidad. El pasado verano hasta crearon fajas antiincendios para la empresa pública Seaga. Rosa se emplea a fondo con la escobilla en su jornada laboral (Foto: Óscar Pinal). La jornada Comienzan la tarea a las 09.00 horas y a las 11.00, precisa Roberto, hacen la pausa del bocata para después seguir del tirón hasta la una del mediodía (están en ERTE por falta de trabajo y la jornada es más reducida). Llevan a rajatabla su cometido, de lunes a viernes, porque están motivados y les gusta. “Nunca fallan”, comenta Martín González. No solo trabajan sino que sanan. “Para ellos, el trabajo es salud, es vida”, precisa Elena Rodríguez, la secretaria de Aspamadis, el centro especial de empleo que comenzó su andadura bajo el paraguas de la Asociación de Familiares con Discapacidad Intelectual de Ourense (Adido), creada en 2015. El presidente recuerda la metamorfosis de su hija Rosa cuando empezó a cuidar jardines. “Se hizo sociable, antes en casa era una lucha continua con ella, y hasta más autosuficiente, ya se atreve a ir al centro comercial sola”, asegura. No sólo ganan dinero ellos. Fernando Ledo Pérez, “el jefe” (el coordinador que les guía), lo tiene muy claro: “Sin estos centros, la alternativa sería la casa y lo que ello implica, más consumo de recursos sociales y sanitarios”. Aspamadis es una sociedad mercantil dentro de la llamada economía social que ocupa a nueve personas con edades entre los 35 y 59 años y una discapacidad media del 65%. Son muchísimos más y necesitan que crean en ellos para que la población con discapacidades, ya sean físicas, intelectuales u orgánicas (por enfermedades) no se quede atrás. La mujer en el rural, invisible En Ourense, según los datos de la Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro (Cegasal), hay 13.000 personas con algún tipo de discapacidad en edad laboral. Y un dato preocupante “es que la tasa de actividad ronda el 30,5%, 41 puntos inferior a las personas sin discapacidad. O lo que es lo mismo, el 70% ni trabaja ni busca trabajo”, matiza Ignacio Rodríguez, presidente de la asociación a nivel estatal (Aecemco). Un problema que se acrecienta en las zonas rurales y entre las mujeres porque las invisibiliza aún más. “Todo país que se precie de ser moderno y competitivo debe apostar por una inclusión total y esta pasa inexorablemente porque las personas con alguna discapacidad tengan empleo”, asegura José Antonio Vázquez, presidente de Cegasal, constituida en 1997 para la defensa, promoción y representación de las iniciativas empresariales de la economía social. Las empresas privadas, en Ourense, miran para otro lado y en el caso de las instituciones públicas va por barrios. Aspamadis, por ejemplo, hace casi todos sus trabajos para la Xunta y la Diputación (para adecentar el área fluvial de Maceda). Fuera de ahí, el Concello de Toén. “Son habas contadas -valora Ledo Pérez-, que dejarían de serlo si se cumpliera la Ley de la Discapacidad, que reserva carga de trabajo para los centros especiales de empleo”. José Antonio Vázquez: “Ofrecemos calidad y solvencia, no queremos caridad” José Antonio Vázquez. La asociación empresarial gallega de centros especiales de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro (los dueños tienen que ser asociaciones y los beneficios deben revertir en la empresa) agrupa a 32 de ellos, en los que trabajan 1.842 personas, el 96% con alguna discapacidad. En Ourense, está Aspamadis y Aixiña (el más consolidado y especializado con trabajadores con discapacidades físicas y orgánicas). Cegasal, que este año cumple 25 años, defiende sus intereses. Forma parte de la Confederación de Empresarios de Galicia, el Círculo de Empresarios de Vigo y la Cámara de Comercio de A Coruña. “Estamos ahí para que las empresas trabajen con nosotros, solicitando nuestros productos”, asegura su presidente, José Antonio Vázquez. Por ley, las sociedades con más de 50 trabajadores deben reservar el 2% de sus puestos a personas con discapacidad o bien pueden comprar el servicio a los centros especiales de empleo. La nueva ley de contratos del estado obliga a invertir (contratos reservados) en centros especiales de empleo entre un 5 y 7% de su presupuesto. La Xunta cumple pero no así los concellos (de los grandes solo Santiago y Lugo). “Que no nos lleven al precipicio porque antes vamos al juzgado; la ley hay que cumplirla”, advierte Vázquez. Aun así “lo que viene de las Administraciones supone a las empresas de Cegasal solo el 3% de su facturación porque competimos con calidad, solvencia, precios y profesionalidad en el mercado ordinario”, matiza. La máxima es “alejarse del paternalismo y la caridad”. La facturación conjunta de todos ellos alcanza los 44 millones al año. Su apuesta en estos momentos es la integración laboral y social de personas con enfermedades mentales (el paro está en el 83%) y mujeres ancladas en el rural.