Explica que empleó un procedimiento extraordinario por urgencia ante la carencia de personal
Cuando el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar Pumar (PP) comenzó a declarar en la primera sesión del juicio que se sigue contra él en el Juzgado de lo Penal 2 acusado de un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada ya llevaba dos horas en el Pazo de Xustiza. No sólo llegó hora y media antes de que comenzara el juicio -"para evitar follones"- sino que las cuestiones previas planteadas por la defensa reclamando la nulidad de la instrucción se extendieron durante otra media hora más.
Posteriormente, durante los 65 minutos que estuvo en pie contestando a las preguntas del fiscal y su letrado se mantuvo resolutivo, sin caer en contradicciones con respecto a la fase de instrucción: los 104 contratos temporales (tres meses de duración) que promovió en el primer trimestre de 2010, cuando ya había partida presupuestaria para empleo porque comenzaba un nuevo año, se realizaron conforme a un procedimiento extraordinario en base a la "necesidad inaplazable e imperiosa de dotar a los servicios de personal".
En 2009, según comenzó explicando, se había prescindido de muchos operarios por falta de recursos presupuestarios, lo que derivó en un déficit de personal para trabajar con normalidad. De hecho, aclaró, que fueron los jefes de servicio, de forma personal o por escrito, los que le reclamaron más plantilla.
La criba
El propio Baltar reconoció que realizó una primera labor de criba entre los currículos (la Ordenanza de contratación de 2004 así lo facultaba) que le entregó el Servicio de Personal y Recursos Humanos, priorizando a los que ya habían trabajado antes para la Diputación. Tras esa primera preselección, "los puse a disposición del jefe de Personal, José Luis Suárez, para que, en contacto con los jefes de servicio, los distribuyese en función de las necesidades", explicó .
Posteriormente, los decretos articulando las contrataciones en base a un procedimiento extraordinario por necesidades de los distintos departamentos los redactó el propio jefe de Personal, el mismo que después diría cuando fue interrogado que el proceso seguido "no tenía respaldo normativo". Una vez redactados por él, tanto Baltar como el secretario del ente provincial, Francisco Cacharro, los firmaron.
El expresidente de la Diputación en su largo interrogatorio expuso en más de una ocasión la confianza que le generaba el jefe de Recursos Humanos. Hasta el punto en que, "tenía tanta confianza en él, que a veces ni leía los decretos". Así, aseguró que desconocía que hubiera que publicitar durante tres días los 104 contratos que sustentan el proceso judicial y las acusaciones del fiscal, PSOE y el sindicato Manos Limpias. Más aún, matizó que ese desconocimiento era imputable también al propio jefe de Personal "porque, de lo contrario, me lo hubiera dicho". Tampoco hubo reparos ni alusiones de supuestas irregularidades. Al menos, no figuran por escrito. El exdirigente del Pazo provincial fue tajante a la hora de decir que "nadie le manifestó a este presidente objeción alguna a esas contrataciones". Un "nadie" extensible al interventor, en sus labores de fiscalización, y al secretario.
En esos contratos, también se recogieron peticiones de algunos mandatarios locales de la provincia (todos del PP menos el de Maceda) porque "los del BNG y PSOE no se dirigían a mí para pedirme nada". Baltar, a preguntas de la defensa, aclaró que en la Diputación se movían del orden de las 300 contrataciones temporales al año, de las que la mitad se rescindían al acabar el ejercicio.
