La Audiencia de Ourense celebrará su primer juicio penal en estado de alarma el próximo jueves, en una causa en la que están acusados dos hombres -uno de ellos en prisión- por un delito de agresión sexual y robo violento. El órgano colegiado retoma los juicios después de dos meses y medio suspendidos en uno de los supuestos permitidos (causa con preso).
Precisamente, la Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria covid-19 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), presidida por José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del alto tribunal gallego, concretó ayer la fórmula que se pondrá en marcha para que la ciudadanía pueda pedir cita previa para ser atendida en los órganos judiciales, de tal manera que se eviten desplazamientos innecesarios a las sedes.
Según lo acordado por los miembros de la comisión, se creará un grupo de trabajo formado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y el TSXG para "concretar las funciones y necesidades de este nuevo sistema, que se centrará en los servicios con una mayor atención al público, como los registros civiles".
Tal como se recoge en el artículo 23 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial o de la Fiscalía "se realizará de forma preferente por vía telefónica o a través del correo electrónico", destaca el TSXG, que avisa de que en caso de que "se estime que la presencia en la sede judicial es indispensable, será necesaria la obtención de la cita previa".
La comisión de seguimiento también ha acordado "insistir en la necesidad de que se alcen los plazos procesales lo antes posible", subrayan las mismas fuentes, para "poder agilizar la actividad judicial y garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta adecuada" de los juzgados y tribunales gallegos.
El TSXG estima, en base a las estadísticas de años anteriores, que "cada mes de paralización puede suponer entre 12.000 y 15.000 asuntos más de pendencia al mes" en los órganos judiciales de la comunidad.
