Los delitos más afectados son aquellos que atentan contra el patrimonio, de los que sólo un 3,85% son calificados por los fiscales

Los jueces archivan casi la mitad de las denuncias por falta de pruebas

Juicio por tráfico de drogas en la Audiencia. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
Los juzgados de instrucción de la provincia reciben al año más de 20.000 diligencias previas por denuncias alusivas a delitos o faltas que se perpetran en su jurisdicción. Pero esta ingente cantidad de infracciones penales no se traduce en otros tantos juicios ya que sólo un porcentaje muy pequeño consigue traspasar el primer filtro durante la instrucción.
La imposibilidad de determinar la autoría de los hechos delictivos (sucede sobre todo con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico) o la falta de pruebas o indicios sólidos que permitan sostener un acusación contra el imputado son los principales motivos por lo que los jueces dan carpetazo a muchísimos de los asuntos que les llegan. De hecho, dos de cada tres delitos no llegan a la meta del juicio.

Según el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, el 66,57% de los procedimientos tramitados en los juzgados concluyeron de forma anticipada el pasado año por archivo o sobreseimiento (47%) o por acumulación o inhibición (los asumen órganos jurisdiccionales de otros lugares). En torno al 20% quedaron pendientes a enero de 2013; un 8,59% se transformaron en otro procedimiento y sólo un 5% concluyó su ciclo con una sentencia.

En Ourense, fueron 9.947 las diligencias archivadas por falta de pruebas o autor conocido de las 21.164 incoadas o ingresadas en los juzgados el último año.

Entre las infracciones con niveles más bajos de resolución están los robos -sobre todo en viviendas- y los hurtos. Los primeros, sobre todo cuando se trata de bandas organizadas e itinerantes y, en cuanto a los segundos, por la impunidad con la que actúan muchos de los especialistas en apoderarse de los bienes ajenos sin utilizar la fuerza.

Por contra, los delitos más graves (homicidios o agresiones sexuales) son los que acaparan niveles de resolución más altos, con cerca del 80% en los últimos cinco años, según los datos que maneja la Policía Nacional.

Los fiscales creen que para ver la incidencia real de la criminalidad en los juzgados resulta más certero tener en cuenta las calificaciones realizadas por ellos; esto es, los llamados escritos de acusación, en procedimientos abreviados y en diligencias urgentes (para los delitos menos graves). Así, si en 2011 realizaron 2.096 calificaciones, al año siguiente llegaron a las 2.145: 981 en procedimientos abreviados cuya tramitación es más dilatada en el tiempo y 1.164 en aquellos casos que se juzgan en un espacio corto de tiempo.

También hay que destacar aquellos casos en los que el infractor está identificado para las fuerzas de seguridad, pero se diluyen al llegar al juzgado. En este apartado, el grueso de los sobreseimientos tiene su principal razón de ser en el aumento de asuntos relativos a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, detectados en controles preventivos por agentes policiales pero que no reúnen los requisitos necesarios para trascender a la esfera penal. No obstante, la nueva regulación de los delitos contra la seguridad vial, en la que se objetivan las tasas delictivas, proporcionan una pauta más fiable a los agentes de tráfico en el sentido de determinar la frontera con la sanción administrativa (siempre que no se rebasen los 0,65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado).

En la provincia, el delincuente que toma asiento en el banquillo no suele hacerlo por un único delito. El millar de escritos de calificación en diligencias urgentes emitidos por los fiscales acaparan 1.404 delitos (1,21 por escrito). Por lo que respecta a los escritos de calificación en procedimientos abreviados, los 981 informes calificaron 1.318 delitos (1,34 ).

En cuanto al número de sentencias dictadas, sólo representan el 5% de los delitos incoados en un año. Los dos juzgados de lo Penal de Ourense son los órganos jurisdiccionales más prolíficos: 943 casos en un año, con un 29 por ciento de absoluciones.

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