Carlos Rodríguez Rojas contrató a dos personas para conseguir el cobro de una deuda pendiente con E.M. . El plan consistía en retener a la mujer y al hijo de seis años del letrado para lograr el cobro
El titular del Juzgado de Instrucción 1 acordó cerrar la investigación judicial en relación al plan orquestado por un empresario oriundo de Verín para secuestrar a la familia de un abogado con despacho en la ciudad. En el auto, acuerda ajustar las diligencias previas por un delito continuado de secuestro o de amenazas en grado de tentativa a un procedimiento abreviado e insta a las acusaciones a que presenten su escrito de calificación provisional, solicitando la apertura del juicio oral.
No obstante, la fiscal recurrió el auto al entender que el caso debe articularse en torno a un sumario, el procedimiento adecuado, según estima, porque el delito base por el que será acusado el único investigado establece penas que pueden superar los nueve años de cárcel, aunque, posteriormente, al tratarse de una proposición y no un secuestro materializado podría rebajarse.
Según recoge la resolución judicial, Carlos Rodríguez Rojas contrató a dos personas (adictas a las drogas) para conseguir el cobro de una deuda pendiente con E.M. El plan consistía en retener a la mujer y al hijo de seis años del letrado para lograr el cobro de una deuda. En su defecto, también se habló de que lo amenazasen utilizando una jeringuilla.
Pero el empresario, toda vez que ingresó en la prisión de Pereiro de Aguiar por estos hechos no cejó en su empeño. El juez asegura que "intentó contratar a un interno con el objeto de que procediese, en cuanto saliese de prisión en un par de meses, al secuestro de E.M. para cobrar una deuda de 50.000 euros". A cambio, el preso recibiría 10.000 euros.
Los indicios
Entre los indicios que sustentan la imputación, el juez menciona: el contenido del atestado policial en el que la pareja a la que se le propuso confiesa los hechos; una grabación en la que se menciona a la familia del letrado aunque también hay otra en donde el propio encausado exhibe su impaciencia para que los testigos protegidos ejecuten el trabajo para el que fueron contratados, sin olvidar la declaración de Carlos Rodríguez Rojas. Este último confesó al juez que contrató a dos personas para amenazar al abogado.
