CASO ASISTENCIAS TÉCNICAS

Procesados el exalcalde y la exedil Soto por prevaricación

El juez exonera a los otros nueve imputados en el caso por las asistencias externas del Concello

La exconcejal de Urbanismo, Áurea Soto, quien renunció a su acta al ser procesada por legalizar un aparcamiento privado en el suelo público de la plaza de San Antonio, y el anterior alcalde , el socialista Francisco Rodríguez, quien dimitió tras su imputación en la Operación Pokemon, serán juzgados por un delito de prevaricación en relación al caso de las asistencias técnicas del Concello, tal como acordó el titular de Instrrucción 1 de la ciudad en un auto notificado ayer .

En la misma resolución, sobresee el caso en relación al resto de imputados: el actual alcalde, Agustín Fernández; la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez Acosta, así como los exediles del BNG Iolanda Pérez, Andrés García Mata, Alexandre Sánchez Vidal, Manuel Herminio Iglesias y Fernando Varela, así como los exdirectores xerales, en el periodo al que hace alusión la instrucción judicial, Xosé Carballido y Xosé Somoza. Precisamente, este último era portavoz municipal del BNG en el Concello y, tras ser citado como imputado, dimitió, siguiendo las directrices de su formación política en casos judicializados.

Según el juez, las personas contras las que se archiva el proceso "en absoluto tenían conocimiento de la situación irregular en la que se encontraban los trabajadores".



Reparos del interventor

Por contra, el magistrado considera que tanto Rodríguez como Soto pudieron incurrir en un delito continuado de prevaricación. El primero, por "levantar de forma continuada reparos formulados por el interventor a las facturas presentadas mes a mes por los trabajadores contratados bajo la fórmula de las asistencias externas", y a Soto, como "máxima responsable del área de Urbanismo" y, según el auto, "perfectamente conocedora de la situación irregular que se generaba con este tipo de contratación", realizadas entre 2008 y 2013. 

De hecho, el interventor aludió al fraude de ley que suponía esa forma de contratación puesto que si las prórrogas se seguían prolongando en el tiempo, el ente local se vería obligado a contratar a esas personas y convertirlos en trabajadores fijos. El juez señala que si bien el exregidor "justificó su actuación afirmando que se trataba de servicios que los trabajadores habían prestado para el Ayuntamiento", le reprocha "no haber adoptado las medidas necesarias para poner fin a la situación irregular".

En relación al actual regidor, recuerda el instructor que fue bajo su mandato "cuando se puso punto y final a la situación irregular generada por los contratos celebrados bajo la fórmula de las asistencias técnicas".

Las diligencias, que ahora se transforman en procedimiento abreviado para que la fiscal acuse si lo considera oportuno, se iniciaron tras una denuncia de la CIG en la que exponía que cinco personas habían sido contratadas por el Concello bajo la modalidad de asistencias técnicas, contratos que se fueron prorrogando en el tiempo, a pesar de que en un determinado momento todas las facturas presentadas por los trabajadores contratados fueron objeto de reparo por parte del interventor municipal.

El magistrado instructor fundamenta su decisión -continuar con el proceso penal- en "los numerosos reparos obrantes, las resoluciones formuladas por el ex alcalde "sin contar con el más mínimo amparo legal", la declaración de los contratados o los certificados que constan en las actuaciones. Contra el auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.

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