TRIBUNALES

El juez ordena abrir juicio por las asistencias técnicas

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photo_camera Áurea Soto y Francisco Rodríguez, en el centro, el día que declararon por las asistencias técnicas.

La fiscal acusa a 6 cargos del PSOE y BNG del bipartito, incluyendo al exalcalde Francisco Rodríguez

Uno de los dos juzgados de lo penal de Ourense, tras su asignación por sorteo, acogerá el próximo año el juicio por seis delitos continuados de prevaricación en el que están acusados seis cargos de PSOE y BNG durante el bipartito municipal en relación a las asistencias técnicas externas del Concello denunciadas en su día por la CIG, con el apoyo de USO (octubre de 2013).

En esta causa está incurso el exalcalde socialista Francisco Rodríguez, la exedil de Urbanismo Áurea Soto (PSOE) así como los exediles Fernando Varela y Iolanda Pérez (BNG) y Xosé Carballido y Xosé Somoza por su actuación en su etapa como directores xerales. No obstante, se cae de lista de acusados de la fiscal José Manuel Oliver, asesor jurídico en la Concejalía de Urbanismo, tras estimar la Audiencia provincial su recurso de apelación.

Para la representante del ministerio público, todos ellos fueron responsables en algún momento de las contrataciones o prórrogas bajo la modalidad de asistencias técnicas de cinco trabajadores a pesar de que en un determinado momento todas las facturas presentadas por los trabajadores contratados fueron objeto de reparo por parte del interventor. Advertía el interventor de que si las prórrogas se prolongaban el Concello se vería obligado a contratar a esas personas y a convertirles en trabajadores fijos, como así ocurrió.

Ahora bien, los inculpados sostienen que se limitaron a mantener una forma de contratar legal, necesaria para poder realizar la gestión urbanística municipal.

En el escrito de acusación, la fiscal reclama para todos ellos 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, referido a todo empleo en la función pública así como de cualquier cargo electo derivados de las elecciones europeas, estatales, autonómicas o locales o de los entes de derecho público, extendiéndose a todo empleo de cargo en empresas e instituciones participada directamente por alguna administración o ente público.

Este tipo de inhabilitación también abarca los empleos o cargos discrecionales de naturaleza pública que se sustenten en la mera decisión de un cargo político electo o funcionario público.

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