El magistrado debe decidir si acepta la acusación de dos ediles por el proceso abierto sobre las obras de Bedoya.
La decisión que el juez decano de Ourense, Antonio Piña, adopte hoy (según anunció el pasado viernes) a propósito de su recusación, planteada por el exalcalde socialista Francisco Rodríguez y la actual edil de Urbanismo del gobierno local, Aurea Soto, a propósito de su imputación por las obras de la calle Bedoya, marcarán esta semana el intenso calendario judicial de los políticos locales, que tenían cita para comparecer ante el magistrado a partir de este mismo miércoles.
Rodríguez y Soto plantearon el jueves un incidente de recusación por lo que consideran una manifiesta amistad del juez con un miembro de la lista de Democracia Ourensana, Armando Ojea, el partido que llevó al Juzgado el proceso de adjudicación de las obras en esa calle. Además, lo consideran hostil por sus expresiones desfavorables hacia los políticos en su perfil social.
Piña, que negó cualquier relación de amistad con los miembros de DO, deberá decidir en breve si admite o no la recusación. En el primer caso, pasaría el asunto de Bedoya al titular del Juzgado número 1, Leonardo Alvarez, que ya instruye otras denuncias relacionadas con el Concello de Ourense, mientras la Audiencia se pronuncia al respecto. En este supuesto, las partes personadas tienen tres días de plazo para alegar y el recusado para emitir su parecer.
Si opta por la segunda opción, rechazaría de plano el incidente de recusación y podría mantener, de momento, el calendario de citaciones, que se abriría hoy mismo, cuando están citados a comparecer los responsables de las tres empresas que concurrieron, llamadas por el Concello, al procedimiento negociado previo a la adjudicación de las obras en esa calle. Los tres, Marcos Rodríguez (Opain), José Rodríguez (Oca) y Santiago Ferreiro (Orega), están citados a partir de las nueve de la mañana, imputados en un presunto delito de concertación para alterar el precio en un concurso público.
La comparecencia siguiente sería la del exalcalde Francisco Rodríguez, el miércoles, lo mismo que Aurea Soto y el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal. Los demás miembros de la junta de gobierno de 2008, que aprobaron ese procedimiento negociado, que obvió la tramitación reglamentaria apelando a razones de urgencia, lo harían al día siguiente.
