El titular del Juzgado de Insturcción de Ribadavia, José Luis Deaño, echó abajo las pretensiones de ministerio fiscal y de los letrados que representan al delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y a Pablo Fernández Loureiro, ambos imputados en el proceso penal por fraude de subvenciones y falsedad cuando el primero era alcalde de Arnoia.
El magistrado, en un auto de 24 de enero, 'desestima la solicitud de suspensión del presente procedimiento' y, por tanto, la finalización del mismo, sin necesidad de llegar a juicio, tal como reclamaba el fiscal al entender que están prescritos los delitos por los que se le encausó penalmente. La acusación pública había planteado un incidente denominado de previo pronunciamiento en base a la prescripción del delito que plantea.
El juez instructor argumenta que este tipo de cuestiones no está previsto para el procedimiento abreviado (sí para los delitos que se tramitan conforme a un sumario). 'La resolución de dichas cuestiones previas y, por lo tanto, la de la prescripción del delito, se encuentran estructuralmente ensambladas en la que ha de ser la sentencia definitiva', recoge el juez en su auto.
A mayores, razona que en el procesamiento de Martínez se encuadra en un delito continuado por lo que 'resulta inconveniente anticipar cuestiones que sólo debieran haber sido resueltas tras el debate del plenario' (el día del juicio'. De hecho, añade, la prescripción podría aplicarse anticipadamente en casos que estén muy claros algo que queda en el aire tratándose de un supuesto delito continuado en el tiempo.
Así pues, el juzgado a dado al traste con los continuos intentos de Martínez de no sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal. A partir de ahora, las partes (acusaciones personadas) y letrados defensores) deben formular sus escritos de petición de penas.
El senador del PSOE, Miguel Fidalgo, insistió ayer en que Martínez no debería ostentar la representación política de un gobierno cuando ha demostrado a lo largo de este proceso judicial 'un mal uso de los fondos públicos'.
El juez instructor argumenta que este tipo de cuestiones no está previsto para el procedimiento abreviado (sí para los delitos que se tramitan conforme a un sumario). 'La resolución de dichas cuestiones previas y, por lo tanto, la de la prescripción del delito, se encuentran estructuralmente ensambladas en la que ha de ser la sentencia definitiva', recoge el juez en su auto.
A mayores, razona que en el procesamiento de Martínez se encuadra en un delito continuado por lo que 'resulta inconveniente anticipar cuestiones que sólo debieran haber sido resueltas tras el debate del plenario' (el día del juicio'. De hecho, añade, la prescripción podría aplicarse anticipadamente en casos que estén muy claros algo que queda en el aire tratándose de un supuesto delito continuado en el tiempo.
Así pues, el juzgado a dado al traste con los continuos intentos de Martínez de no sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal. A partir de ahora, las partes (acusaciones personadas) y letrados defensores) deben formular sus escritos de petición de penas.
El senador del PSOE, Miguel Fidalgo, insistió ayer en que Martínez no debería ostentar la representación política de un gobierno cuando ha demostrado a lo largo de este proceso judicial 'un mal uso de los fondos públicos'.
