El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, no declarará hasta hoy ante Pilar de Lara, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, que instruye la Operación Pokemon, en la que se investiga una trama por el presunto cobro de comisiones a cambio de la concesión de servicios a la empresa Vendex.
La magistrada apura de esta manera el plazo de 72 horas que le permite la ley para interrogar el mandatario local, detenido a primera hora de la mañana del jueves en su domicilio de la ciudad. Rodríguez pasó un noche más en los calabozos de la Comisaría de Pontevedra, a donde fue conducido, según los investigadores, 'para que no estuviese expuesto' y evitar que se comunicara con otros detenidos.
Antes de comenzar a tomarle declaración al mandatario local del PSOE quiere examinar los expedientes que los agentes de Vigilancia Aduanera reclamaron en el Concello el jueves y que, según el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, fueron facilitados sin problema, destacando la total colaboración de los concellos de Ourense y Lugo en la investigación, 'facilitando la documentación que la jueza les ha pedido'. La documentación reclamada hace referencia a los servicios prestados por el grupo empresarial sobre el que gravita la investigación -Vendex- al ente local: gestión de la ORA y la grúa, la limpieza de instalaciones deportivas y de dependencias municipales.
Esta no es la única documentación incautada en Ourense, ya que el jueves se practicó un registro en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a raíz de la detención del expresidente de ese organismo, Francisco Fernández Liñares, quien también fue edil de Seguridad Ciudadana y Urbanimo en Lugo. Los agentes registraron su domicilio a última hora de la noche del jueves y un chalé en la mañana del viernes.
Según pudo saber este diario a través de fuentes cercanas al caso, hay conversaciones telefónicas en las que uno de los principales implicados en la trama, Javier Reguera, el delegado de Vendex en Lugo, habla con familiaridad con el alcalde de Ourense. La jueza investiga si el personal de esa empresa agasajaba a los políticos con regalos: dinero, viajes y relojes de lujo. También se dio el caso de algún viaje a la capital de España para ver espectáculos teatrales y se investiga si alguno de los implicados recibió un chalé en Brasil.
LOS INTERROGATORIOS
La jueza De Lara comenzó en la tarde de ayer a tomar declaración a alguno de los 13 detenidos en Galicia, Asturias y Madrid. Ahora bien, la diversidad de actividades de Vendex y su dispersión por toda España, unido a toda la información que suministraron las intervenciones telefónicas, hacen que la operación Pokemon pueda convertirse en un 'pozo sin fondo' en palabras de una persona que conoce las diligencias.
El primero en comparecer y el único sin esposar fue el jefe de servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago, Román Otero, detenido en Bueu. El Concello compostelano, a través de Sermasa (Servicios y Materiales S.A.), una filial de Vendex, gestiona la guardería Salgueiriños. Los investigadores acusan a Otero de favorecer a Sermasa a cambio de la contratación de un familiar. Por contra, él aclaró que no tenía tal poder de decisión en el ente local. La togada lo dejó en libertad pero imputado en la causa.
El siguiente fue Adolfo Gacio, el alcalde del PP en Boqueixón (A Coruña), investigado por la relación de Sermasa con su Concello, en donde presta servicios de ayuda a domicilio. Quedó en libertad tras pagar un fianza de 10.000 euros, imputado en los delitos de prevaricación y cohecho, entre otros. Por último, a las doce de la noche, continuaba aún declarando Alberto Quintana Vilarelle, gerente de la empresa Sermasa en Santiago.
Antes de comenzar a tomarle declaración al mandatario local del PSOE quiere examinar los expedientes que los agentes de Vigilancia Aduanera reclamaron en el Concello el jueves y que, según el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, fueron facilitados sin problema, destacando la total colaboración de los concellos de Ourense y Lugo en la investigación, 'facilitando la documentación que la jueza les ha pedido'. La documentación reclamada hace referencia a los servicios prestados por el grupo empresarial sobre el que gravita la investigación -Vendex- al ente local: gestión de la ORA y la grúa, la limpieza de instalaciones deportivas y de dependencias municipales.
Esta no es la única documentación incautada en Ourense, ya que el jueves se practicó un registro en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a raíz de la detención del expresidente de ese organismo, Francisco Fernández Liñares, quien también fue edil de Seguridad Ciudadana y Urbanimo en Lugo. Los agentes registraron su domicilio a última hora de la noche del jueves y un chalé en la mañana del viernes.
Según pudo saber este diario a través de fuentes cercanas al caso, hay conversaciones telefónicas en las que uno de los principales implicados en la trama, Javier Reguera, el delegado de Vendex en Lugo, habla con familiaridad con el alcalde de Ourense. La jueza investiga si el personal de esa empresa agasajaba a los políticos con regalos: dinero, viajes y relojes de lujo. También se dio el caso de algún viaje a la capital de España para ver espectáculos teatrales y se investiga si alguno de los implicados recibió un chalé en Brasil.
LOS INTERROGATORIOS
La jueza De Lara comenzó en la tarde de ayer a tomar declaración a alguno de los 13 detenidos en Galicia, Asturias y Madrid. Ahora bien, la diversidad de actividades de Vendex y su dispersión por toda España, unido a toda la información que suministraron las intervenciones telefónicas, hacen que la operación Pokemon pueda convertirse en un 'pozo sin fondo' en palabras de una persona que conoce las diligencias.
El primero en comparecer y el único sin esposar fue el jefe de servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago, Román Otero, detenido en Bueu. El Concello compostelano, a través de Sermasa (Servicios y Materiales S.A.), una filial de Vendex, gestiona la guardería Salgueiriños. Los investigadores acusan a Otero de favorecer a Sermasa a cambio de la contratación de un familiar. Por contra, él aclaró que no tenía tal poder de decisión en el ente local. La togada lo dejó en libertad pero imputado en la causa.
El siguiente fue Adolfo Gacio, el alcalde del PP en Boqueixón (A Coruña), investigado por la relación de Sermasa con su Concello, en donde presta servicios de ayuda a domicilio. Quedó en libertad tras pagar un fianza de 10.000 euros, imputado en los delitos de prevaricación y cohecho, entre otros. Por último, a las doce de la noche, continuaba aún declarando Alberto Quintana Vilarelle, gerente de la empresa Sermasa en Santiago.
