El conflicto en Democracia Ourensana afronta días clave para su desenlace. El Juzgado de Primera Instancia número 1 acogió ayer la vista para escuchar a las partes y decidir si acepta la petición formulada por los concejales Miguel Caride, María Teresa Rodríguez y María del Mar Fernández Dibuja de suspender cautelarmente su expulsión del partido y del grupo municipal, algo que en el caso de Caride se extiende a la Diputación, lo que les permitiría abandonar su condición de no adscritos y recuperar sus derechos en la Corporación mientras no hay una sentencia sobre el tema.
En una sesión a la que no acudió el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, los críticos pusieron sobre la mesa sus argumentos para considerar nula su expulsión del partido, al entender que la asamblea en la que se acordó se desarrolló de manera irregular. En este sentido, Caride indicó que DO tiene sobre la mesa un procedimiento abierto por el Ministerio del Interior para declarar su extinción como partido político, ya que nunca actualizó sus estatutos y renovó cargos directivos.
"Siempre soy optimista, creo que hemos acreditado legalmente las condiciones y ahora será el tribunal el que resuelva", valoró Caride a la conclusión de la vista, en la que los críticos de DO trataron de hacer ver que de no haber una medida cautelar, el daño podría ser irremediable si la sentencia llega en unos meses. "No valdría de nada que nos dieran la razón en un año", añadió Caride. Prueba de esto es que su reciente cese como vicepresidente segundo de la Diputación está condicionado a lo que suceda con esta cautelar, ya que el presidente provincial, Manuel Baltar, abrió la puerta a restituirlo en el cargo si volvía a formar parte de DO.
Por su parte, Jácome estuvo representada por el abogado Óscar Pazos, que defendió la tesis lanzada por el alcalde ourensano durante las últimas semanas, en las que aseguraba que habían tratado de apropiarse de la imagen de DO, hablando de "alta traición" y deslealtad.
