La acusación pública sostiene que la encausada, quien trabajaba en el club Ninfas cuando ocurrieron los hechos, pagó al otro imputado 14.000 euros para formalizar de modo falsario una pareja de hecho y de esta forma regularizar su estancia en España
Los matrimonios o parejas de hechos de conveniencia centraron el interrogatorio en un juicio celebrado en el Penal 2 en el que la fiscal acusó a Edina G.G. y José Ángel F.C. de un delito continuado de falsedad en documento oficial. La acusación pública sostiene que la encausada, quien trabajaba en el club Ninfas cuando ocurrieron los hechos, pagó al otro imputado 14.000 euros para formalizar de modo falsario una pareja de hecho y de esta forma regularizar su estancia en España, en donde permanecía de forma ilegal. La fiscal considera que José Ángel F.C. ayudaba a la mujer, de nacionalidad brasileña, a cambio de dinero y sexo. Él lo reconoció ante la policía, aunque después lo negó.
La mujer permanecía en España desde abril de 2009. Según la acusación pública, "entró por puesto no habilitado y de manera irregular". El 18 de junio de 2008 había sido expulsada a su país de origen con la prohibición de entrada en el territorio Schengen por un periodo de cinco años.
Los acusados solicitaron el 28 de abril de 2009 su inscripción en el Registro de Parejas de Hechos de Galicia a pesar de que nunca habían sido novios. La petición fue resuelta favorablemente por la Xunta el día 5 de mayo de ese año. En agosto de 2009, los dos acusados pidieron por escrito al párroco de Carballiño licencia para contraer matrimonio canónico pero esta petición le fue denegada por el Obispado d Ourense con fecha de 1 de septiembre.
Posteriormente, Edina G.G. en julio de 2010 solicitó en la Subdelegación del Gobierno autorización de residencia como familiar de un ciudadano de la Unión Europea, alegando estar registrada como pareja de hecho de José Ángel F.C. La fiscal considera que para dar mayor verosimilitud a su petición, siendo conscientes de que la convivencia iba a ser investigada, alquilaron una casa en Carballiño. "Permanecieron juntos sólo durante el tiempo que duró la tramitación del expediente", expuso la acusación pública. Pero, concedida la autorización, ambos continuaron su vida por separado y se fueron de esa casa.
La encausada solicitó la nacionalidad española el 29 de abril de 2015 y en julio la renovación de su tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la UE, asegurando que era pareja de hecho de José Ángel. La Brigada de Extranjería de la Policía los denunció cuando comprobaron que en la vivienda de la pareja no vivía ninguna de los acusados sino que estaba alquilada a otras personas desde el seis de noviembre de 2014.
La fiscal reclamó una pena de dos años y tres meses de prisión y multa de 11 meses a seis euros al día.
