"El estrés postraumático agudo que sufre es compatible con su relato (...) así como con el hecho de haber sufrido vivencias en las que la víctima estuvo en peligro de muerte". Los médicos forenses confirmaron con esa manifestación que creen el relato de la mujer que denunció a los seis miembros del clan de los Madriles por el calvario vivido en el número 2 de la calle Dalia durante los 20 días de enero de 2018 que duró su particular encierro.
Y, aunque no pudieron precisar la causa de los hematomas, dejaron constancia que la denunciante, quien asegura que fue violada en numerosas ocasiones y vejada mientras estuvo retenida, vive con miedo. Las psicólogas del Imelga, en su entrevista con la víctima el 18 de abril del pasado año, apreciaron "un grave estrés postraumático y un grado de ansiedad muy alto". También hablaron de un posible bloqueo emocional que justificaría sus lagunas de memoria.
Ayer fue el turno de los peritos y conclusiones finales en la segunda sesión del juicio seguido en la Audiencia contra Javier Gabarri Jiménez (41 años) en calidad de autor material pero también contra sus padres -Ana Jiménez y Luis Manuel Gabarri- y sus hermanos (José Luis, Ángel y Alberto). A petición del letrado del primero, se reprodujo un vídeo en el que la perjudicada, en una grabación de 27 minutos, entona con acento gitano "dime que me quieres para toda la vida". En otro, baila. En la primera sesión del juicio, la joven ya había relatado que tuvo que hacerse su amiga para poder seguir viva.
Un psiquiatra que atendió al principal inculpado entre 1993 y 2005 -en este procedimiento declinó en dos ocasiones que le reconocieran los especialistas para evaluar su salud mental - aseguró que padece una epilepsia psicomotora que le hace perder el nivel de consciencia durante "segundos o minutos en los que se ausenta del mundo real y puede hacer cualquier cosa por la pérdida del control de impulsos". El alcohol y el policonsumo de drogas agravan esta patología.
En el turno de conclusiones hubo modificaciones, con sumas y restas. La abogada que representa a la víctima incorporó el delito de trato degradante (implica dos años más de cárcel) para Javier y Ana. A la madre también añadió uno de amenazas (tres años) y dejó en cuatro en vez de ocho la petición para Alberto al acusarlo como cómplice (asumió un papel más secundario en la detención ilegal) y no como cooperador necesario -el caso de sus padres y resto de hermanos-.
67 años de prisión para todos
En total, la petición de penas de prisión alcanza los 67 años para todos ellos, aunque la mayor parte -42 años y medio- son para Javier por lesiones, amenazas, trato degradante, detención ilegal, agresión sexual agravada por discriminación con respecto al sexo de la víctima.
El fiscal dejó la petición de Javier en 17 años al considerar que las lesiones quedan amparadas por la agresión sexual. Para el resto de la familia bajó a dos años y medio. El representante del ministerio público considera que la llegada de la víctima a la calle Dalia el 7 de enero del pasado año "no fue voluntaria y consciente". "Es evidente que Javier la tenía amenaza y no podía salir de casa libremente porque estaba controlada", aseguró para recordar que la madre del principal inculpado así lo reconoció durante la instrucción. La finalidad del "encierro" no era otra que "mantener relaciones sexuales con ella con penetración y sin protección". Para ello -añadió- "fue golpeada de forma reiterada con bastones y barras de hierro para doblegar su voluntad".
El fiscal aludió al trato degradante al que fue supuestamente sometida para socavar su integridad moral, "difícil de entender en personas civilizadas": ingirió su vómito; duchas con agua fría en el exterior de la casa en enero; corte de pelo a trasquilones y hasta privarla de comida. "Ana Jiménez contó en la instrucción que Javier pisaba los alimentos para que no los comiera". Para el ministerio público hubo coacciones cuando la obligaron a robar y retirar dinero del banco.
La acusación particular incidió en el papel "relevante" de la matriarca porque "participaba de forma continuada en las vigilancias. En cuanto al porqué la analítica de sangre dio negativo al consumo de drogas tras ser liberada -refiere que la obligaban a consumir-, la letrada recordó que el rastro de la cocaína se pierde a las 48 horas.
El letrado de Javier destacó el testimonio "falto de verosimilitud y coherencia" de la perjudicada, aludiendo a su llegada a la calle Dalia (dice que apareció en el suelo y no sabe explicar cómo apareció allí). Y destacó un reconocimiento de la joven: en una ocasión pudo huir cuando estaba con Ana pero esta le pidió por favor que no lo hiciera por miedo a Javier. "Pena y miedo son sentimientos contradictorios", aseguró. El letrado cuestionó la calificación jurídicas de las acusaciones por la individualización de los delitos.
Para los representantes de los padres y los hijos, no hay prueba de cargo porque no se concretó su participación delictiva. En el caso de Alberto, la libró de una paliza.
Las penas de prisión:
Javier Gabarri - El fiscal pide 17 años por detención ilegal, agresión sexual continuada, coacciones (o trato degradante) y detención ilegal. La acusación particular, 42 y medio por lo mismo pero suma lesiones y amenazas.
Padres y hermanos - La acusación pública reclama dos años y medio para todos. La acusación pública, ocho para Ángel, José Luis y Luis Manuel. Cuatro para Alberto y 13 para la madre.
Defensas - Todos los abogados plantearon la absolución de sus clientes.
