El juzgado abre diligencias por los vagones arrojados al río Sil a la altura de Sobradelo

photo_camera El vagón fue desmontando para sacarlo del agua. El otro fue retirado tras quedar semicolgado.
Investigará si hubo delito medioambiental e insta a Medio Ambiente a emprender acciones legales

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco abrió diligencias penales en el caso de los vagones que el personal de Adif (Administradora de Infraestructuras Ferroviarias) arrojó el pasado dos de agosto al cauce del río Sil después del descarrilamiento el pasado 28 de julio de un tren de mercancías -25 vagones que circulaba vacíos- a la altura del Sobradelo (Carballeda de Valdeorras.  La jueza insta a la Consellería de Medio Ambiente a emprender acciones por daños medioambientales y económicos y pide a la Fiscalía de Ourense -abrió diligencias informativas el pasado mes de agosto- que le entregue toda la documentación recopilada durante la investigación que llevó a cabo por estos hechos.

El objetivo del citado juzgado barquense es determinar si hubo delito medioambiental y, en caso afirmativo, depurar responsabilidades y subsanar los daños ocasionados en la flora, fauna y agua del río.

El accidente ferroviario se produjo en una empinada ladera bajo la que discurre el río cuando el convoy se dirigía a una cementera de Toral de los Vados (León). De los 25 vagones, 11 se salieron de los raíles, quedando parte de ellos volcados. El descarrilamiento cortó el tráfico ferroviario entre O Barco y  Ponferrada, obligando a Adif a trasladas en autobuses a los pasajeros.

La compañía ferroviaria inició a las pocas horas la retirada del los vagones con el objetivo de restablecer el servicio lo más rápido posible, pero los trabajos se complicaron el pasado dos de agosto cuando una máquina retiraba los dos últimos vagones. Uno de ellos fue parar al cauce del río, arrastrando la arboleda que crecía en la ladera. El otro quedó semicolgado.

La distribución de imágenes del vagón rodando hacia el  agua a través de las redes sociales disparó la alarma. Tras el accidente, la Fiscalía de Ourense abrió diligencias informativas por un delito medioambiental, al tiempo que la Consellería de Medio Ambiente incoaba un expediente sancionador para depurar responsabilidades por una infracción grave con la legislación de tratamiento de residuos y proponía una multa de 35.000 euros.

El diputado del BNG, Néstor Rego, registró una iniciativa en el Congreso pidiendo la reparación de los daños.  Los responsables de Adif también anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

Ahora es el órgano judicial barquese el que toma la iniciativa para determinar responsabilidades penales y reparar los daños ocasionados. 

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