los concellos intentan presionar con acuerdos plenarios para mantener servicios administrativos
Algunos concellos aún mantienen abierta la presión para intentar que se preserven algunos servicios que podrían tener fecha de caducidad. Es el caso del Registro de la Propiedad de algunas villas que está amenazado de cierre. Los plenos de varios concellos han hecho pronunciamientos unánimes para mantener estas dotaciones, pero la batalla no está ganada. Durante el pasado mes de marzo se organizó una especie de frente municipal contra la decisión del Ministerio de Justicia que ordenó suprimir cinco Registros de la Propiedad en Ourense.
Los concellos de Bande, Celanova, Ribadavia, A Pobra de Trives y Viana do Bolo han sido los señalados, pero la reacción no se ha hecho esperar. Un ejemplo: el Concello de Trives se movilizó a comienzos de marzo contra este medida y llevó a pleno, como los otros concellos afectados, "unha proposta da Alcaldía de rexeitamento ao peche do Rexistro, pois considera que este pode ser un primeiro de outras supresións de servizos, como a praza de Notaría ou mesmo o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución". Así rezaba el rexto que se llevó al debate plenario.
En declaraciones a La Región, recogidas el 10 de marzo, el alcalde de la Agrupación Trivesa Independiente, Francisco José Fernández indicó que "unha vez máis, empréganse reiteradamente criterios demográficos para xustificar a supresión de servizos, centralizando os mesmos en zonas urbanas, en prexuízo do rural". Y eso que el intento de suprimir estos equipamientos se había tomado ya en el 2013. También en marzo hubo pronunciamientos similares en los concellos de Ribadavia o Celanova.
JUZGADOS DE PAZ
Pero la pérdida del Registro de la Propiedad no es el único recorte en los servicios administrativos del rural de la provincia. Los alcaldes también han tienen otra importante vía de agua con la eventual desaparición de los juzgados de paz, que podría afectar a casi la mitad de la población ourensana. A esa movilización social se han unido con diferentes campañas organizaciones como el sindicato UGT y el PSOE, que a finales de marzo avanzaron una estrategia para intentar evitar "el desmantelamiento del sistema actual de registros civiles".
De todos modos, este verano está previsto que concluya el proceso de mantenimiento de algunos servicios como los registros civiles, con lo que una nueva amenaza se puede cernir sobre algunas villas de la provincia.
Ya en otros momentos, como en 23 de julio del 2014 diferentes pronunciamientos sociales se oponían a los recortes de servicios o pérdida de equipamientos judiciales. En aquella fecha decenas de habitantes de Calanova se manifestaron para evitar la pérdida de su juzgado.
Y es que la historia reciente de los concellos del rural ha ido paralela a la pérdida de muchos de sus servicios, lo que ha acentuado las razones para el despoblamiento. Es, como el refrán, la pescadilla que se muerde la cola. Y ese bucle parece que va a continuar.
