La magistrada María Teresa Marcos atendió a la petición de los tres ediles críticos de Democracia Ourensana (María Teresa Rodríguez, Miguel Caride y María Dibuja) y estimó la solicitud de medidas cautelares para suspender de forma cautelar el acuerdo adoptado el 18 de octubre de 2020 por la Asamblea General Extraordinaria de la formación política Democracia Ourensana en la que se decidía la expulsión de los críticos. Además obliga a la parte demandada (la propia formación, con Jácome a la cabeza) a asumir las costas del juicio. De esta forma, Caride recuperaría sus cargos en Concello y Diputación y el resto de ediles dejarían de ser no adscritos.
El auto explica que el acuerdo de la asamblea que Jácome hizo en DO "indiciariamente, conculcaría la ley y los estatutos", señala, "extralimitándose" al declararlos tránsfugas, lo que da pie a la cautelar.
Los ediles que denunciaron en su momento a Jácome ante la Fiscalía por las sospechas sobre la gestión de los recursos económicos que ingresaba de la administración el partido apuntan a que DO tiene abierto un expediente en el Ministerio de Interior por no haber renovado nunca sus cargos directivos ni haber actualizado sus estatutos, algo que podría desembocar en la extinción de la formación, según reza el expediente.
De esta manera, Caride, Dibuja y Rodríguez presentan batalla para no verse fuera del grupo municipal de DO, que queda en estos momentos con solo dos de los concejales con los que arrancó el mandato, dado que Telmo Ucha entró en la Corporación directamente en el grupo de no adscritos.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ya ha anunciado que recurrirán el auto, al que califica de "erróneo". "El auto sólo considera los posibles perjuicios que la declaración como tránsfugas acarrea a los concejales. Pero no tiene en cuenta, en ningún momento, los posible perjuicios que la decisión de la propia juez implica para la formación política DO", manifiesta a través de las redes sociales de la formación.
