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POLÍTICA

La ley de contrataciones pone contra las cuerdas al tejido empresarial local

Cuatro meses después de entrar en vigor, aplicar la norma se traduce en una parálisis que amenaza con colapsar concellos y empresas  

 

Colas en las dependencias municipales del Concello de Ourense.
Colas en las dependencias municipales del Concello de Ourense.
La ley de contrataciones pone contra las cuerdas al tejido empresarial local

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, sigue generando importantes quebraderos de cabeza en todos los actores implicados con una adaptación que está lejos de ser óptima y que ha dificultado de forma notoria las licitaciones desde las administraciones, que deben enfrentarse a una mayor burocracia para la que no están preparados. Una circunstancia que se agrava cuanto más pequeño es el tamaño de la entidad, escenario que en la provincia de Ourense, con todos los concellos, salvo la ciudad, por debajo de los 20.000 habitantes, es lo habitual.

Además, la universalización que pretendía implantar esta nueva legislación, que surgió para cumplir los preceptos marcados desde la Unión Europea, se está convirtiendo en una importante amenaza para el tejido empresarial local, cuya viabilidad depende en muchos casos de los contratos captados en su administración más próxima, que no es otra que el ayuntamiento correspondiente. Por esta razón, la preocupación en la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) es evidente.

"Los alcaldes gallegos estamos tremendamente preocupados por las pequeñas empresas locales, porque se está perdiendo tejido industrial, autóctono, que está claro que está quedando mermado por una ley que al pedir que se centralice todo en la plataforma de contratación del Estado abre la puerta a que las empresas grandes, con mucho más medios, estén en disposición de competir por contratos en los que antes ni se metían, mientras que las compañías de los pueblos no tienen esa capacidad", destaca el profesor de Derecho de la USC, alcalde del municipio coruñés de Ares y miembro de la Fegamp, Julio Ignacio Iglesias Redondo.


Contratos menores


Uno de los aspectos en los que más ha influido el cambio legislativo que entró en vigor en marzo es en la tramitación de los contratos menores, una herramienta indispensable en la gestión de los ayuntamientos por la rapidez y agilidad que proporcionaba para desbloquear pequeñas obras y servicios básicos. Límites económicos más restrictivos, al bajar las cantidades de estos contratos a 40.000 y 15.000 euros, y más controles que introducen una burocracia más restrictiva condicionan la vida de las administraciones.

"Una de las mayores complicaciones se da en este tipo de situaciones a las que la mayoría recorría con frecuencia. Ahora se obliga a una planificación a largo plazo que es más complicada, con mucha trabas que hace que la mayoría de entidades estén perdidas", sostiene el profesor de Derecho Administrativo de la USC Luis Míguez, que constata que "cuesta engrasar la maquinaria, hay una paralización y que está afectando mucho a las pequeñas empresas y proveedores locales". Sobre esto, Míguez añade que los legisladores parecen haber pensado únicamente en las administraciones más grandes y también en los intereses de las empresas más potentes. "Es una queja muy grande que se está produciendo, no se puede pensar solo en los más grandes, no es lo lógico", indica el docente.


Medios


Entre otras novedades que ha incluido la Ley de Contratos Públicos 9/2017 está también la obligación de que toda la tramitación se realice por medios electrónicos, una circunstancia que proporciona efectos positivos, como apuntaba la experta en contratación Concepción Campos Acuña en una jornada sobre la planta local celebrada en Ourense el pasado mes de junio, en la que también mostró sus dudas sobre la eficacia de implantar más controles: "¿Es siempre mejor poner más cosas? Quizá sería más eficiente que haya pocas pero que funcionen bien".

"Es un método muy eficaz para controlar la corrupción, porque tienes siempre esa firma electrónica que te permite seguir el expediente con todas las garantías, todo tiene una mayor publicidad", indica Campos, que no esconde que esto también supone un "hándicap" para los municipios, al igual que Julio Iglesias.

"Muchos concellos no tienen las herramientas adecuadas, es una queja que recibimos de los alcaldes e interventores y por la que reclaman continuamente asistencia, ya que hay que desarrollar una serie de aplicaciones y contar con personal especializado que en muchos casos no hay", añade el representante de la Fegamp.

Sobre esto, el profesor de la USC Luis Míguez añade que la "filosofía buscada con esta legislación es que todas las administraciones deben ser más transparentes", algo que para el catedrático santiagués resulta lógico, aunque puntualiza que requiere también elementos suficientes para llevarlo a cabo. "Claro que no es malo buscar eso, pero una cosa es la teoría y otra la práctica", concluye Míguez. 


La tramitación, con unos plazos que no benefician


La tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 no ha contribuido tampoco a hacer más fácil el trabajo para las administraciones. La nueva legislación llegó por la necesidad de transponer dios directivas de la Unión Europea, pero el "modus operandi" no fue el más adecuado para un texto de estas características.

"El problema es que la ley se dicta tarde para cumplir lo que nos pedían desde Bruselas, pero coincidió con un período largo sin Gobierno que condicionó todo", señala Luis Míguez, que apunta también que algunos artículos "no tienen una redacción muy afortunada, que es lo que pasa cuando algo se hace de manera precipitada, que entenderlo es difícil, pero aplicarlo mucho más".

Otro de los actores implicados es el sector que trabaja en las licitaciones electrónicas. José Luis Aristegui señala que en España "siempre transponemos tarde y mal, por lo que hay una gran diferencia entre el texto original y el que tenemos". Muchas de las cuestiones todavía están a la espera de jurisprudencia.


Respuestas al colapso,  en el Foro La Región


La nueva Ley de Contratos del Sector Público protagonizará una edición especial del Foro La Región. Será el jueves 19 de julio, y el encuentro analizará qué respuestas  se pueden y deben dar para sortear el colapso que ha generado la aplicación de esta normativa en la provincia, con licitaciones paralizadas en los concellos y un grave perjuicio para las pequeñas empresas locales. Entre los ponentes, el profesor de Derecho Administrativo de la USC Luis Míguez y el experto Pedro Soto.