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La ley Montoro impide a la ciudad cubrir 152 vacantes en su plantilla

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photo_camera El cuerpo de Policía Local de Ourense es uno de los que más está notando los efectos de los problemas de contratación.

Los principales concellos ourensanos exigen cambios en la legislación para reforzar la gestión y ofrecer mejores servicios

Los concellos ourensanos alzan la voz contra la Ley de la racionalización y sostenibilidad de la. Administración Local, denominada popularmente Ley Montoro, puesta en marcha en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para controlar el gasto público, pero que está teniendo, coinciden la mayoría de los alcaldes de la provincia, un efecto muy negativo en la gestión de las entidades locales en distintos aspectos, como por ejemplo la utilización del superávit generado, pero también en las plantillas de personal, mermadas en los últimos años y precarizando diferentes servicios públicos.

Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las administraciones locales de la provincia tenían a principios de este año 1.038 trabajadores menos que en el año 2009, un descenso del 19,5% en la nómina total, que asciende a 4.593.

Especialmente sangrante es la situación del Concello de Ourense, donde según los datos recapitulados por el departamento de Recursos Humanos hay en la actualidad 742 trabajadores, pero 152 vacantes, por lo que se precisaría incorporar un 20% del total en activo en estos momentos.

Entre los servicios más afectados, al ser también los más numerosos, está el de la Policía Local, que cuenta con un déficit de 33 efectivos que condiciona la labor diaria del cuerpo, que se podría ver afectada todavía más si entra en vigor la posibilidad de prejubilarse a los 60 años, situación en la que estarían uno de cada cuatro policías.

No escapa a la situación el servicio de bomberos, que echa en falta 15 efectivos en estos momentos.

Puestos clave

Pocos departamentos municipales son los que se libran de las dificultades para reponer el personal, como han alertado en diferentes ocasiones el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, así como varios de sus concejales, tanto en comparecencias públicas como en las reuniones que mantienen con la oposición.

En el listado facilitado desde el Concello, llama la atención la escasez de arquitectos, ingenieros, auxiliares administrativos y técnicos en administración general.

Áreas como las de Infraestructuras, que en los últimos meses ha tenido que asumir un aluvión de trabajo con los 70 proyectos del plan de inversiones; Urbanismo, incapaz de hacer frente a decenas de expedientes que se acumulan, o la de Contratación, por donde pasan prácticamente todos los procedimientos gestionados por el gobierno municipal son el reflejo de los problemas que ha generado la ley Montoro.

Quejas similares

Los principales concellos de la provincia no son ajenos a los efectos de la Ley Montoro, lamentando que cada año demuestren que son las administraciones más eficientes y las que más problemas tienen para gestionar el día a día. Además de la Policía Local en aquellos municipios que cuentan con este cuerpo, los alcaldes ponen el acento en las dificultades para prestar servicios sociales.

Aunque no todos los regidores son capaces de dar una cifra concreta de cuantas vacantes necesitarían cubrir para tener una plantilla bien dimensionada, sí se atreven, por ejemplo, el de O Barco, Alfredo García, que habla de una carencia de 22 trabajadores repartidos por todas las áreas; el de Carballiño, Francisco Fumega, que explica, por ejemplo, "como en la brigada de limpieza harían falta al menos nueve"; o de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, que entre el cuerpo policial y el servicio de ayuda a domicilio habla de ocho vacantes sin cubrir.

Censuran los regidores que, en este sentido, no se pongan límites a la externalización de servicios, que supone en muchos casos un esfuerzo económico mayor y peores condiciones, pero sí a la reposición de la plantilla.

Exigen, por tanto, la derogación de esta legislación. "Pagamos justos por pecadores", coinciden.

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