Consuelo Castro: “Os litixios actuais da Avogacía Xeral do Estado representan un 4% do PIB”

El Foro La Región celebró ayer una edición especial Memorial Emilio Atrio en la que contó como invitada principal con la ourensana Consuelo Castro Rey, directora de la Abogacía General del Estado, quien explicó el origen y las principales obligaciones de la institución. La ponencia, celebrada en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, tuvo como título “¿Qué es la Abogacía del Estado? Funciones y valores de una institución centenaria”. Antes de que la protagonista subiera el estrado, tomó la palabra el presentador, el magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Fernando Alañón, quien destacó la “brillantez y capacidad” de la invitada. Castro Rey comenzó su intervención destacando el “descoñecemento e confusión sobre que é a Avogacía do Estado” existente en la sociedad. Para aclararlo, resumió en dos categorías principales las funciones de la institución, la consultiva y la contenciosa. La primera establece que debe brindar asesoría a los organismos públicos, mientras que su labor contenciosa implica la “defensa nos tribunais dos intereses e dereitos do Estado e da Facenda pública”. Para dar una imagen del volumen de asuntos que la entidad maneja cotidianamente, Castro destacó que, en lo que va de año, “xa se emitiron máis de 80.000 informes”. Sobre la cantidad de litigios a los que debe acudir para defender los intereses del Estado, manifestó que los procesos abiertos en la actualidad representan, en términos monetarios, “en torno a 40.000 millóns de euros, case o 4% do Produto Interior Bruto”. La protagonista de la jornada, quien nació el 27 de julio de 1964 en Ourense y se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ahondó en los orígenes de la institución, que se pueden establecer en dos fechas diferentes del siglo XIX. La primera es 1849, cuando se creó la Dirección General de lo Contencioso, con el objetivo de abarcar parte de las tareas que hasta la fecha tenía atribuidas la Fiscalía. “Naquel momento, a defensa xudicial dos intereses do Estado correspondíalle ó Ministerio Fiscal. Este sistema tiña un funcionamento moi deficiente, xa que os fiscais compaxinaban esta función coas súas propias, e desenvolvíanas de forma autónoma e baixo a súa exclusiva responsabilidade, sen coordinación de ningún tipo”, aseguró Castro Rey, quien ingresó en 1989 en el Cuerpo de Abogados del Estado. La otra fecha relevante sobre la creación de la institución es 1881, año en el que se crea el Cuerpo de Abogados del Estado, para mejorar la labor de defensa de lo público y sus organismos. “Que fosen os fiscais os que defenderan en xuízo os intereses do Estado seguía a presentar grandes problemas”, detalló, y agregó que también se produjo en ese periodo un “aumento constante e unha dificultade crecente dos asuntos da Facenda pública ante os tribunais”, lo que “demandaba funcionarios con máis especialización técnica”. A pesar de que pasaron más de 100 años desde la fundación de los organismos precursores de la Abogacía General del Estado, su identidad y labores principales se mantuvieron en el tiempo.