TRIBUNALES | OURENSE

Luz verde al juicio con narcos y policías en el mismo banquillo

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photo_camera Josefa P.G, alias Pucha, en el exterior del edificio judicial de O Couto. (FOTO: ÓSCAR PINAL)

El juez de Instrucción 1 acordó la apertura de vista oral ante la Audiencia de la operación Zamburiña

La operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en la ciudad "toca a juicio". El juez instructor, Leonardo Álvarez, notificó ayer el auto de apertura de juicio oral para que la sección segunda de la Audiencia provincial de Ourense siente a narcos y policías en el mismo banquillo de los acusados. Probablemente, a finales de 2019. En total, nueve supuestos traficantes, alguno a mediana escala, y cuatro agentes que formaban parte del grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional a mediados de noviembre de 2014, fecha en la que se practicaron las detenciones. A estos últimos, la fiscal los acusa de brindar protección a los cabecillas de los presuntos narcos y mirar hacia otro lado eludiendo sus actividades ilícitas a cambio de soplos con los que conseguir éxitos policiales. Incluso asegura que pasaban información interna a los delincuentes. Por contra, ellos dicen que su trabajo policial era el habitual con los confidentes.

Tras una instrucción llena de contratiempos, en la que la investigación partió del grupo VI de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y en la que se recurrieron absolutamente todas las resoluciones del magistrado que la comandó, llega el turno a la Audiencia, la encargada finalmente de dictar sentencia y decidir sobre cuestiones claves planteadas estos años. La más importante, la nulidad de las escuchas que dieron amparo al procesamiento de los inculpados y que las defensas plantearán con toda seguridad al inicio del juicio como cuestión previa. Alegan que son ilegales porque se tuvo en cuenta una prueba falsa -el envío de un anónimo en el que se relataba la sustracción de armas en la Comisaría-. Los acusados de la Zamburiña sostienen que ese anónimo lo idearon tres policías que querían perjudicar al grupo de drogas formado en diciembre de 2015. Uno de ellos falleció en abril de 2016 -Celso Blanco- y los otros dos están imputados, desde enero de 2018, por esa muerte -los hermanos Bernardo y Roy D.L.-

La fiscal pide penas de prisión para todos ellos salvo en el caso de uno de los policías (José Antonio R.F.) para quien liquida con una pena multa por revelación de secretos.

La solicitud más dura -13 años de cárcel- es para Josefa P.G., alias Pucha, a la que acusa de tráfico de drogas , tenencia ilícita de armas (en el registro de su casa apareció una defensa eléctrica de dos electrodos) y pertenencia a grupo criminal. El juez instructor sitúa a esta inculpada en la cúspide del grupo criminal y a varios acusados como intermediarios (José V.V.) y colaboradores (su lugarteniente Rachid E., Xaime B.F. y María B.G.) .

La acusación pública también acusa al exjefe del grupo de drogas, Antonio R.F., así como sus compañeros Felipe M.A. y Mercedes C.G por favorecer el tráfico de drogas en cantidades de notoria importancia y revelar información interna a los traficantes.

Además, el auto de apertura de juicio oral afecta al matrimonio formado por José Ramón R.R., y Estrella G.D., Francisco Javier G.C. y Fátima G.M, todos ellos imputados por la venta de cocaína en la ciudad. 

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