URBANISMO

Más de 150 familias de la ciudad siguen la lucha contra el derribo de sus pisos

En Marcelo Macías, uno de los edificios afectados.
photo_camera En Marcelo Macías, uno de los edificios afectados.
Expedientes de demolición de hasta cinco edificios siguen varados tras años de sentencias. En algunos casos temen los cortes de suministro

Alrededor de 150 familias siguen viviendo en vilo, años después, con órdenes de derribo vigentes sobre sus edificios construidos en la ciudad y declarados fuera del ordenamiento urbanístico. Años de retrasos no han conseguido poner coto a la situación y, tras las sucesivas sentencias, la preocupación sigue siendo la tónica habitual en el día a día de los vecinos de los número 146,148 y 150 de Marcelo Macías, así como un edificio de la rúa Orcellón y la comunidad de la rúa Bierzo 2c-2b, con órdenes de demolición en vigor.

También hay órdenes de demolición parcial en el edificio de avenida das Caldas, 36, y en la avenida de Pontevedra, 13, dos casos, especialmente el primero, que llevan años en el tintero a la espera de que se dé cumplimiento a las distintas sentencias judiciales, tras recursos varios, o se apruebe un nuevo PXOMque los devuelva a la legalidad.

El edificio de la rúa Orcellón, 1 vive una de las situaciones más complicadas, ya que los vecinos han sido avisados de que podrían empezar a recibir multas mensuales y temen el corte de suministros básicos (luz y agua). "Estamos atrapados en el conflicto entre dos constructores que se denunciaron, somos rehenes de ellos y de la inacción del Concello", advierte Ana Bravo, residente. 


Cruz Alta y su Vía Crucis


En la rúa Bierzo llevan con orden de demolición desde 2006. "Agotamos todas las vías de recurso posible", apunta su abogado, Antonio Feijóo Miranda, que resalta que lo último fue un recurso de casación inadmitido por el TSXG. "Ahora interpuse un incidente de nulidad que ayer –por el jueves– nos comunicaban que desestimaban. Ahora se abre la vía del recurso de amparo al Constitucional". Aunque no hay notificación de derribo inminente, "las bazas legales se agotan, pero quedan las de administración. No se podrá llevar a cabo un derribo si no garantizan una indemnización, son compradores de buena fe".  El caso de la rúa Orcellón lo considera un "escándalo" ya que la obra tenía  las licencias cuando los compradores adquirieron las viviendas "y no había ninguna incidencia inscrita en el registro, por lo que no podían saber lo que pasaba. Hay orden de demolición con sentencia firme desde 2015, y el abogado pedirá "responsabilidades, incluso personales, al Concello y quienes dieron aquellas licencias". 


Más optimismo


En la misma línea se manifiestan, aunque más animados, al final de la avenida Marcelo Macías –edificio construido al amparo del PXOM de 2003, tumbado por la Justicia– más relajados después de que la Justicia aprobase su último recurso, y sentencia que deberían recibir valoración e indemnización antes de ejecutar el derribo. Ahora la pelota están en el tejado del Concello. "Llegamos a pasarlo mal, incluso hay gente que tuvo depresión, aunque hoy casi no afecta, a veces pensamos en que sería mejor nos pagaran y lo tiraran, me iría con 300.000 euros para hacerme una casa y dejarme de problemas", apunta una vecina.

Ahora, con el nuevo plan urbanístico –en el que este edificio está reflejado tal cual es–a la espera de ser remitido de nuevo a la Xunta . Pero se suma una nueva incertidumbre. "Crucemos los dedos para que lo devuelvan antes de las elecciones  y aprobado, porque si no puede pasar cualquier cosa, y cualquier cosa dilatará más los tiempos", dice David Jerez Casillas, administrador. 


A largo plazo


En este edificio no contemplan que se acabe demoliendo. "Ahora no lo vemos. Al indemnizar antes de tirar, el Concello debe hacer una valoración patrimonial e individual de los propietarios, cada uno podrá presentar recursos y cada expediente se puede demorar años", añade Jerez.  Sin valoraciones firmes todavía y el futuro sin aclarar, el problema en la finca sigue residiendo en aquellos que por cualquier motivo quieren vender, algo que se hace imposible. "El que no tiene intención de mudarse está relativamente tranquilo, pero otra gente que se ha tenido que ir por trabajo o motivos personales y quiere vender ha tenido que ponerle en alquiler, porque es imposible la venta".  

En caso de aprobarse el PXOM, el proceso también iría para largo, pues habría que legalizar el edificio y adecuarlo al nuevo plan; al igual que en los pisos de Bierzo u Orcellón. "Ahora mismo está sin licencia y tendríamos que solicitarla de nuevo,.", explica Jerez. Lo que tienen claro es el calvario económico: 200.000 euros, algo más de 2.000 por piso, una cantidad por la que tendrían que pleitear a posteriori con el Concello. 


Edificios 

Rúa do Bierzo 2b-2c y Orcellón, 1: Son 47 familias en la rúa do Bierzo y otras 10 en la rúa Orcellón las que viven pendientes de las órdenes de demolición. En el primer caso, la vía judicial está casi agotada, 16 años después, tras la inadmisión del recurso de casación por el TSXG a la sentencia del mismo tribunal que ordenaba desalojo y demolición en 2017. Ahora estudian pedir responsabilidades al Concello, mientras temen que haya cortes de suministro. Al igual que en Orcellón, donde siguen viviendo con miedo a un derribo que debería costearse ellos mismos.
Marcelo Macías 146,148 y 150: Al final de esta calle son una piña y, como confiesa, ya estuvieron peor. Ahora, la Justicia aceptó su recurso y ordena al Concello a valorar e indemnizar a los propietarios antes de acometer una demolición, lo cual les permite respirar. Ante eso, e independientemente de que se dilate más el nuevo PXOM, no temen un derribo a largo plazo, ya que la valoración patrimonial de cada piso –y los posibles recursos– podrían dilatar durante años el derribo de un edificio hecho al amparo del plan urbanístico de 2003 que fue anulado por la Justicia.
Avenida de Pontevedra, 13: Otro largo proceso sigue su curso para hacer cumplir una sentencia que obliga a demoler de forma parcia el inmueble para adaptarse a la legalidad. En abril de 2019 se cifraba en 445.692 el gasto que sería requerido a los propietarios para realizar los trámites y encontrar una empresa especializada. Su legalización depende del Plan de Reforma Interior (PERI), al encontrarse dentro del casco histórico de la ciudad.
Avenida das Caldas, 36: El número 36 de la avenida de As Caldas es el más antiguo en la lista. Sobre él pesa una orden de derribo parcial después de que una sentencia reconociese en 1999 que el patio de luces, ubicado en la parte posterior, no se ajustaba a la normativa. Este mes de enero, un auto del TSXG ordenaba al Concello demoler la parte posterior de este edificio y daba un mes para elaborar un plan de actuación sobre la demolición. El concurso para ejecutar la obra quedó desierto ya en varias ocasiones en la última década. 

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