En unas semanas se cumplirán 13 años desde que el gobierno socialista de Zapatero aprobó en el Congreso la ley de dependencia. Un antes y un después, según todos los implicados, por cómo articuló la respuesta a las necesidades de las personas dependientes. Luego llegaría la crisis –y sus severos tijeretazos– y el desencuentro por la financiación entre el Estado –que no cumple con su parte, en teoría el 50% pero sin alcanzar en la realidad el 30%– y las comunidades autónomas, enfrentadas en la gestión del día a día con una factura que no deja de crecer.
En la última década, la Xunta ha triplicado la inversión para la atención a la dependencia –en 2020 alcanzará los 362 millones de euros–, con más de 60.000 beneficiarios –cuadriplicando los de hace 10 años–. En paralelo, también ha aumentado el porcentaje sufragado por los propios usuarios. El esfuerzo económico de la Xunta es valorado por los actores consultados, que a continuación ponen el dedo en las listas de espera, la falta de personal y los tiempos destinados para ser evaluados, con plazos que superan holgadamente los seis meses previstos por ley. "Ha habido una evolución. Se ha hecho mucho. Pero falta acortar plazos. Y más plazas", resume a vuelapluma el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela.
En septiembre, 8.654 ourensanos con dependencia tenían atendido su PIA (programa individual de atención). La cifra ha crecido sensiblemente en los últimos años, en evolución a la ampliación de la cobertura de la ley. Mientras, 2.054 beneficiarios con derecho a la prestación seguían esperando en la provincia al recurso que le corresponde. Según el servicio que le hayan concedido –plaza de residencia, centro de día o casa do maior, atención a domicilio...–, su grado de dependencia y el concello en el que residan, el limbo puede durar tras la llegada de la notificación desde unas semanas a varios años. La situación no mejora fuera de Galicia. De hecho, el Observatorio Estatal de la Dependencia la sitúa como la tercera comunidad autónoma con un porcentaje más bajo de usuarios de grado II y III pendientes de recibir su prestación.
Residencias
En Ourense hay 1.821 plazas públicas de residencias. De ellas, 582 son para discapacitados. En las listas de espera figuraban al cerrar el año pasado 717 personas. "Si no tienes un grado III, olvídate de una plaza en una residencia pública", explica una trabajadora social de una villa ourensana. "Faltan muchas plazas públicas. Y los recursos no están equilibrados. En Carballiño o Ribeiro tienen menos recursos de residencias o centros de día que en Verín o Xinzo, por ejemplo", analiza Marga Martín, coordinadora del equipo técnico de evaluación de Política Social en Ourense. "Galicia necesita más plazas residenciales. Y adaptarlas al futuro", explica Gavela, presidente de una Fundación que gestiona en la provincia unas 1.800 plazas de mayores –un 22% concertadas– y otras 400 de discapacitados –un 57% concertadas–, repartidas en la provincia por 40 centros. Fabiola García interviene aquí para recordar la residencia de 120 plazas que, financiada por la Fundación Amancio Ortega, se construirá en Ourense. " Con equipos de última tecnología".
"En nuestro concello nos sobran horas. El plazo en la atención a domicilio llega así hasta los 15 meses desde que pides la evaluación. El resto de servicios, para adelante", razona la trabajadora social. Amplía Marga Martín: "Depende del concello y prestación. En la ciudad de Ourense ahora mismo no se están dando horas de ayuda a domicilio –un servicio financiado por la Xunta pero gestionado por los ayuntamientos–, están cubiertas". "Cada día enviamos más horas. Pero hay que reconocer que la agilidad entre ayuntamientos es variable". expone Fabiola García. "Las casuísticas son muy variables –interviene Alfredo García, presidente de la Fegamp–. Cuando tardan las subvenciones, metemos la dependencia que tenemos con la Diputación de Ourense". Ahí entra BenOurense, un apoyo a los concellos en el servicio de atención al domiciilio para personas fuera del sistema de dependencia. El programa, cofinanciado con los ayuntamientos, suma 900.000 euros anuales.
Burocracia
Antes de entrar en el sistema, el usuario y su familia deben enfrentarse a la burocracia. "Se quejan mucho: 'Me piden papeles y vengan papeles, y llega una carta que falta esto…'. Es mucho para una persona de 80 años", apuntan en Cruz Roja, colchón del sistema. Luego toca esperar. El año pasado se solicitaron 3.165 solicitudes iniciales de grado, un 20% más que en 2016. Según los datos de la Xunta, el tiempo medio de espera para las solicitudes iniciales fue de 315 días el año pasado. "Tranquilamente pasa del año –valora la trabajadora social–. Y luego, un mes más para que te venga concedida la PIA y ya puedas entrar en lista de espera". Marga Martín corrobora esta visión: "Sufrimos de poco personal. Necesitamos más evaluadores –ahora hay 6– y técnicos para agilizar expedientes. Ahora mismo en Ourense gestionamos 45.000, muchos abiertos. Estamos saturados".
"Nuestra experiencia –relata Gavela– es algo más baja. Seis o siete meses de espera. Pero claro, muchos ya están institucionalizados. Percibimos más problema en empezar a cobrar las libranzas: puede pasar un año". Las solicitudes de revisión sumaron 1.197, un 79% más que dos años atrás y sumaron una espera media de 135 días. En el informe del 2018, el Valedor do Pobo aprecia un aumento en las quejas por atrasos en las valoraciones, pone el acento en el retraso con mayores de 90 años y pide cambios. La Consellería se comprometió a hacerlos, incidiendo en la "simplificación administrativa", "a mellora da xesión e notificación das citas" o "un reforzo de persoal".
A los tres meses de espera, los dependientes pueden optar por irse a la privada y recibir una prestación económica para enjuagar parte del gasto, atendiendo a su capacidad económica y grado de dependencia. Aquí chocamos de frente con las bajas pensiones en Ourense. Su cuantía media alcanza apenas la mitad del precio mensual de una plaza de dependiente en una residencia privada –que supera los 1.400 euros–. En septiembre constaban más de 3.500 bonos o prestaciones concedidas. De ellos, 1.421 son para residencias y 111 para centros de día. La Xunta gasta en esto 11 millones al año en Ourense. Las libranzas subieron entre un 10 y un 15% el pasado abril. "Se ha mejorado de forma notable", aplaude Gavela. "Hay gente que pasa verdaderos apuros. Y otros no pueden pagar", explica por su parte María Ochogavía, responsable del centro de día de Gesmedical en Carballiño. Ahí entra la vía de emergencia, para evitar que haya personas que se queden en la calle o atacar verdaderos dramas. Martín: "Hay casos sangrantes. Menos mal que existe la vía de emergencia". A través de este canal, el solicitante en menos de un mes puede llegar a estar en una residencia. "Funciona", explican unánimemente los consultados.
Fabiola García: “Si el Gobierno cumpliese no habría listas de espera"
La conselleira Fabiola García incide en el trabajo del gobierno de Feijóo –"cumplió con dos años y un mes de adelanto el objetivo de atender a 60.000 dependientes"– y en la falta de compromiso del gobierno central. "Si cumpliesen, 200 millones más al año. Sin listas de espera, evidentemente". Recuerda el incremento de las prestaciones y expone la filosofía de su consellería, que pasa por "atender a más personas mayores, y que sean ellas las que elijan cómo y dónde quieren vivir".
García reconoce que hay "mucho que hacer" en el tema de las listas de espera y avanza mejoras para agilizar trámites y la musculación de los equipos de valoración.
La atención a los discapacitados dependientes es un enorme reto. "Las listas públicas no se mueven", explican desde un concello. García confían en la apertura del CAPD y recuerda el compromiso con las entidades sociales, a las que han inyectado 3,6 millones "para evitar 400 despidos y perder 600 plazas".
El futuro: centros de día y más prevención
En el sector destacan el paso adelante dado con los centros de día. "Ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los mayores", valora una trabajadora social. "Pero siguen solicitándolo tarde", inciden en Gesmedical. Hace falta prevención. "Por eso yo siempre insisto en que pidan la valoración, aunque estén bien", expone la directora de la residencia de A Veiga, Ana Silva.
La necesidad de agilizar trámites es el pivote del argumentario desde DomusVi, que gestiona 547 plazas residenciales y 85 de centro de día en la provincia –un 45% concertadas–, además de gestionar la teleasistencia del concello de Ourense. "Acuden muchas familias con su padre en el hospital por un ictus. En casa no lo pueden atender debidamente. Esos casos necesitan una solución ágil. Y priorizar las prestaciones para elegir la mejor opción".
