Más condenas por agresiones a personal sanitario desde 2021

Los juzgados penales ourensanos han doblado las sentencias condenatorias por agresiones al personal sanitario, sobre todo tras la pandemia. Seis en 2022 y tres en 2021. En 2018 no consta ninguna y en 2019, tres. Una solo en 2020, porque fue inhábil durante meses a nivel judicial y hubo más aplausos (reconocimiento a los sanitarios en primera línea cuando estalló el covid-19) que denuncias. Las condenas van paralelas a la evolución de las “acciones comunicadas”, que no siempre se traducen en denuncias en los juzgados. Muchas de las agresiones, de hecho, no llegan a conocerse. El Consejo General de Médicos (CGCOM) advirtió recientemente sobre los malos datos registrados durante 2022 en toda España, unas cifras que batieron el récord histórico de agresiones a la profesión médica, con 843 acciones violentas comunicadas a los colegios, lo que supone un 38% más que el año anterior. Las registradas en el Colegio de Médicos de Ourense, que representa a 1.728 facultativos, han pasado de dos en 2021 a cinco en 2022. Pero algo más inusuales son las peleas entre el propio personal de un centro médico. La primera condena de este año impone seis meses de cárcel y una multa de 150 euros a una celadora que se encaró y acabó agrediendo a una enfermera de la Unidad del Dolor del Servicio de Reanimación del CHUO, es decir, por un delito de atentado contra funcionario sanitario. La indemnización a la perjudicada quedó fijada en 474 euros. Los hechos sucedieron el 10 de junio de 2021. La denunciada, con un uniforme verde pistacho, entró a la consulta porque alegó que un primo suyo era el paciente. Este último se quejó a la médica porque el tratamiento le producía efectos secundarios. En un tono elevado de voz le reprochó que en casa se le quedaban dormidas las piernas. La celadora acabó por sumarse, cuestionando la atención sanitaria, llamando maleducada y sinvergüenza a la enfermera de la unidad, que llevaba uniforme azul, reprochándole que no sabía lo que era sufrir dolor, al tiempo que la sujetó del brazo y la zarandeó. Cuando la invitaron a salir de consulta, dejó claro que era “de la casa” y que se verían en los juzgados. La perjudicada tuvo que ser atendida de una contusión en un brazo en el Servicio de Urgencias que no revestía gravedad. La jueza condena por el artículo 550 del Código Penal, que castiga a “los que agredieren o con intimidación grave o violencia, o pusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo”. La víctima (sujeto pasivo) tiene que ser necesariamente autoridad, agente de la autoridad o funcionario público. El denunciado (sujeto activo) puede trabajar en el mismo sitio que la persona contra la que se dirige el ataque.