Es el órgano más saturado de la provincia pese a que dirime asuntos especialmente sensibles, que afectan a niños y personas mayores
En el Juzgado de Familia de Ourense (Instancia 6) en cuestión de semanas habrá estampida general. Cinco de siete funcionarios -hay dos más de refuerzo- han concursado para pedir otro destino. No aguantan más en su actual puesto. Sobre sus mesas y sillas se apilan expedientes en los que se dirimen divorcios, filiaciones, guardias y custodias de menores, cambios en el régimen de visitas para los padres separados, modificaciones de pensiones alimenticias, tutelas, declaraciones de incapacidad, internamientos, divisiones de herencia… Es decir, asuntos propios de la jurisdicción de Familia -órgano exclusivo para el partido judicial de Ourense- y otras materias civiles, incluidas las incapacidades, que son muchas, y jurisdicción voluntaria (sin controversia contenciosa) .
Alberto Fernández Rey -gestor- tras siete años en este juzgado se irá en febrero por prescripción médica. Cambia la segunda planta por la quinta, Instancia 7. O lo que es lo mismo, niños, cónyuges que andan a la gresca o ancianos impedidos por las cláusulas suelo. "No soy capaz de controlar todo lo que tengo sobre la mesa -muestra una bandeja con los 60 escritos acumulados en estos días de enero, casi todos sin tramitar- ; voy a trompicones y no aguanto más, necesito orden, recuperar el control, descanso mental", explica. Lleva 18 años en Justicia -antes estuvo en Ponteareas, Celanova, Toledo y Juzgado de Paz de Barbadás- "pero nunca en un juzgado con semejante carga de trabajo".
Su vecina de mesa, Susana, quien está cubriendo la baja de una funcionaria de baja por ansiedad, asegura que en esa oficina se entra a las 07,30 horas y muchos salen a las cinco de la tarde -sin compensación económica- para evitar loquear entre papeles. La mañana, en demasiadas ocasiones, se va en atender al público (procuradores y abogados).
Movimiento de asuntos
A Instancia 6 le llegan más procedimientos que a cualquier otro juzgado de la provincia. En 2018, unos 1.800 y 130 ejecuciones. Y aunque resuelven mucho (1.715 asuntos el pasado año, entre sentencias o autos definitivos y decretos finales), la pendencia, es decir, asuntos sin resolver, es elevada. En enero de 2018 -último dato disponible-, 1.300. Ahora, según la jueza, "es ya algo más baja".
Es el juzgado de la ciudad, junto a Instancia 4 (Mercantil), donde se mueve más papel. Según datos proporcionados por el decanato, en 2017 se le turnaron 700 asuntos más de media que al resto de los juzgados de la capital. A comienzos de noviembre del pasado año, prácticamente el doble.
En enero de 2019, hasta el día 22, por ejemplo, se contabilizaron 528 demandas civiles en el decanato, de las que 130 se enviaron a Instancia 6 (a los otros seis juzgados le corresponden 66 de media por órgano).
Asume en exclusiva los internamientos de mayores con deterioro cognitivo -Ourense es la provincia más envejecida de España- o de los enfermos psiquiátricos en el CHUO, las incapacitaciones, que conllevan rendición de cuentas anuales y, desde el pasado verano, los ingresos de los jóvenes del centro de protección especial de Montelegre, que se supervisan cada tres meses. "Solo con las incapacidades, internamientos y tutelas se podría crear otro juzgado", destaca un funcionario.
La jueza de instancia 6, Laura Guede: "El juzgado necesita medidas permanentes para poder sacarlo del agujero en el que está"
Los internamientos tienen, además, letra pequeña: la magistrada tiene que ir a las residencias de ancianos de la ciudad y su área metropolitana para las exploraciones de los incapacitados. Solo el partido judicial de Ourense tiene 40, sin contar las viviendas comunitarias.
La titular de este órgano, Laura Guede, es rotunda: "Este juzgado está mal, tiene mucho atraso -la huelga lo aumentó- con mucha entrada de asuntos y bastante pendencia". A mediados de noviembre, se quedó sin la togada de apoyo, pero la solución, a su entender, no resulta efectiva "si no se nombra personal para una oficina muy atascada que permita poder señalar pero también tramitar más". La diferencia de que haya dos juezas o una, en cuanto a señalamientos, son 12 días de juicios al mes frente a 10. "La agente que va a la sala tiene más trabajo y no la podemos tener allí metida todo el mes; si cuando nombran a un juez de apoyo a la vez designan a una agente hubiéramos podido señalar 10 días cada una de nosotras", explica.
La magistrada tiene claro que se ha llegado hasta aquí por "dejadez de la Administración", y que la solución no pasa por "parches" sino "medidas permanentes para poder sacar al juzgado del agujero en el que está". Un órgano bis -juez y funcionarios- durante un tiempo estable.
Mientras, procuran estar encima de aquellos asuntos más sensibles. "Actuamos con agilidad porque nos preocupa esa gente con problemas concretos, pero podría pasar tranquilamente que un anciano dependiente pierda una plaza pública en una residencia por la falta de un auto", señala.
Colapso estructural
El "colapso no ocasional sino estructural", agravado por la huelga de tres meses en la Administración de Justicia el pasado año, según valoran los abogados y procuradores, ya movilizó a ambos colectivos el pasado mes de diciembre. La decana de los abogados, Pilar López-Guerrero, y los procuradores, Alejandro Garrido, lanzaron un SOS a la Xunta, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Consejo General del Poder Judicial, Valedor do Pobo y la sociedad ourensana para revertir una "situación sangrante".
No tienen claro cuál es la solución al conflicto: un segundo juzgado para Familia, el aumento de plantilla o la incorporación de refuerzos puntuales. "O que está claro é que como está non sirve porque a situación non se arranxa nos anos e os usuarios son os que sufren as consecuencias", valora López-Guerrero.
Estos profesionales son testigo en primer línea del cabreo ciudadano. "Los clientes se quejan; algunos tienen que esperar uno o dos meses para que se le extienda un talón y así poder cobrar una pensión alimenticia desde que está acordado el pago", explicó Garrido.
Y mientras no se mueve ficha, asuntos nuevos y viejos conviven en las estanterías, con muchas carpetas de color rojo. En ellas, ejecuciones pendientes, alguna de 2009, cuando comenzó rodar Instancia 6. "Nuestros asuntos no prescriben", aclara una funcionaria. Padres que deben dinero de la pensión de los niños -por ejemplo- y que mientras no acaben de pagar seguirán en la carpeta colorada.
