Protagonista involuntaria de una de las últimas polémicas entre el grupo de gobierno municipal y la oposición por culpa de su financiación (repartida entre la Xunta y el Concello), la unidad de conductas adictivas es mucho más que un servicio de Ourense. Principalmente, porque atiende a personas llegadas de casi todas las comarcas ourensanas, a excepción de Valdeorras, que son atendidas en Monforte de Lemos.
Quince profesionales -médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, entre otros- atienden a más de un millar de personas, de las que casi 700 tienen problemas de adicción a sustancias ilegales (cocaína, heroína...) y otras 400 a drogas legales, la mayoría de ellas, al alcohol y, en mucha menor medida, al tabaco (30 usuarios) y al juego (20). En los últimos años se han generado nuevas dependencias, unidas al uso de las nuevas tecnologías (móvil, internet...) y al sexo, aunque por el momento todavía es testimonial el número de personas que acuden a tratar estas adicciones a la unidad (cuatro en el caso de las tecnologías y dos por su dependencia al sexo). No obstante, los profesionales entienden que 'hay muchas más personas que tienen este tipo de problemas, aunque aún no estén concienciadas de que necesitan ayuda'.
Desde que la unidad abrió sus puertas en los años 90, el perfil de sus usuarios ha cambiado mucho. De los jóvenes adictos principalmente a la heroína y marginados socialmente se ha pasado a 'personas con una pauta de adicción polisustancial, que suele combinar drogas ilegales con las legales, y un perfil social totalmente distinto, integradas en la sociedad', explica la concejala de Sanidade, Marga Martín. La labor de la unidad es, pues, 'fundamental'.
Convenio
La polémica saltó en el pasado pleno al aprobar el grupo de gobierno una moción para instar a la Xunta a que firme el convenio que permita financiar esta unidad (asciende a 850.000 euros, de los que la Xunta solía poner 520.000), pendiente desde finales del año pasado. La concejala de Sanidade, Marga Martín, acusa a la consellería de 'dejar abandonados a todos estos pacientes y a sus familias, ya que si no fuera por el Concello, no habría quién los atendiese'. El portavoz del PP, Enrique Nóvoa, alegó que 'a Xunta busca fórmulas administrativas para acometer a financiación, xa que a Lei de subvencións do bipartito impide facelo coma sempre', algo de lo que se duda en el Concello.
Desde que la unidad abrió sus puertas en los años 90, el perfil de sus usuarios ha cambiado mucho. De los jóvenes adictos principalmente a la heroína y marginados socialmente se ha pasado a 'personas con una pauta de adicción polisustancial, que suele combinar drogas ilegales con las legales, y un perfil social totalmente distinto, integradas en la sociedad', explica la concejala de Sanidade, Marga Martín. La labor de la unidad es, pues, 'fundamental'.
Convenio
La polémica saltó en el pasado pleno al aprobar el grupo de gobierno una moción para instar a la Xunta a que firme el convenio que permita financiar esta unidad (asciende a 850.000 euros, de los que la Xunta solía poner 520.000), pendiente desde finales del año pasado. La concejala de Sanidade, Marga Martín, acusa a la consellería de 'dejar abandonados a todos estos pacientes y a sus familias, ya que si no fuera por el Concello, no habría quién los atendiese'. El portavoz del PP, Enrique Nóvoa, alegó que 'a Xunta busca fórmulas administrativas para acometer a financiación, xa que a Lei de subvencións do bipartito impide facelo coma sempre', algo de lo que se duda en el Concello.
