Las prisiones gallegas son las segundas de España en adoptar esta medida, solo existente en Aragón
El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, firmaron ayer en el CHUO un convenio de colaboración que permitirá que el personal sanitario de las prisiones gallegas pueda acceder a las historias clínicas de los reclusos. Esta reivindicación tiene solera entre los médicos del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, que reconocieron sentirse “en peligro” al no poder conocer el historial clínico de algunos pacientes que podrían desarrollar comportamientos violentos. Un ejemplo fue el caso de Velle. El homicida, Diego Rodríguez Torres, padece una esquizofrenia para la que los médicos no tenían datos.
Este acuerdo busca “optimizar y agilizar” el trabajo de los profesionales sanitarios de las cinco prisiones de la comunidad, permitiendo que los profesionales tengan acceso a la información médica de los internos de sus propios centros, tales como patologías previas o tratamientos farmacológicos que tienen que continuar. Lo mismo se aplica para los sanitarios de fuera, que podrán consultar el historial de los presos en la cárcel.
Comesaña destacó que integrar y compartir la información clínica repercutirá “de un modo importante” en la calidad asistencial que recibirán las personas internas en los centros penitenciarios de la Comunidad.
Asimismo, el acuerdo también facilitará la participación del personal sanitario de las prisiones en los cursos de formación que oferta el Servicio, en función de la disponibilidad de las plazas. Entre las mejoras de este convenio, han destacado el poder gestionar la petición de analíticas para internos de un modo más sencillo o el de concertar interconsultas con los especialistas del Sergas.
Además, el conselleiro de sanidade le comunicó a sus responsables el acuerdo unánime logrado por el Parlamento de Galicia para solicitar el traspaso de la competencia de prestaciones sanitarias en las prisiones a la comunidad autónoma. De este modo, la transferencia tendría que “estar acompañada de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios”.
