El ciclo electoral de la pasada primavera, con los comicios Generales y locales en el plazo de un mes, tuvo un efecto negativo en los concellos ourensanos en lo que se refiere al cumplimiento de la legislación de pago a proveedores, con una nueva caída de los municipios que sitúan el plazo medio de abono de las facturas por debajo de los 30 días establecidos en la normativa, lo que en caso de persistir en el tiempo puede terminar con una intervención de las cuentas por parte de la Xunta para poner coto a la situación y garantizar la economía de los proveedores.
Así, según recoge el último balance publicado por el Ministerio de Hacienda en función de los datos remitidos por los consistorios españoles, apenas 37 ayuntamientos de la provincia se ajustaban al parámetro legal en lo que respecta a la demora media en la tramitación completa de las facturas, tres menos que el trimestre anterior y nueve menos que al cierre de 2018.
En lo que respecta a los 55 municipios ourensanos restantes, una veintena ni siquiera envió los datos al Ministerio de Hacienda, otro motivo que puede terminar en sanción, mientras que los 35 restantes excedieron los 30 días de plazo medio en el pago a sus proveedores, entre los que se encontraba el Concello de Ourense, que siguió durante los últimos meses intentando meter en cintura este apartado sin éxito, con una demora media que superaba en junio los 83 días y que en julio siguió aumentando ligeramente. La ciudad tenía al cierre del primer semestre del año algo más de seis millones de euros pendientes de pago de un total de 16 en la provincia.
Los 83 días de período medio de pago le suponen entrar ya en el "top ten" de principales ciudades españolas con peores datos, aunque lejos de los registros de Jaén, donde la cifra se sitúa en 539 días.
En territorio ourensano, sin embargo, entre los concellos que han remitido los datos a Hacienda destacan negativamente el plazo medio de Trives, por encima de los 600 días. Es el más alto de la provincia, aunque no el único que llama la atención, situándose en el ranking a continuación A Gudiña (516 días), A Bola (387), Nogueira de Ramuín (371), Porqueira (323), A Mezquita (287) y Castrelo de Miño (220). Entre las villas, Allariz, Ribadavia y O Barco muestran los peores registros, al estar por encima de los 100 días.
En el extremo opuesto, destaca la agilidad que muestran siete concellos, que tienen su plazo medio de pago por debajo de 10 días. A la cabeza se sitúa el municipio de Vilamarín, donde las facturas tardan de media en concluir su tramitación poco más de dos días. El resto de ayuntamientos en una situación privilegiada son Beade, Verea, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Quintela de Leirado y Lobeira.
La Diputación sí cumplió
Los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda reflejan también que la Diputación metió en cintura el pago a sus proveedores, al fijar el período medio de pago de facturas en algo más de 17 días, mejorando los registros que tenía al cierre del primer trimestre del ejercicio. La deuda de la institución era de algo más de un millón.
La Xunta pone la lupa
En su informe correspondiente al segundo trimestre sobre la tutela financiera, la Xunta fijó su mirada en 19 municipios de la provincia, a los que exige en su mayoría la elaboración de planes económicos financieros para equilibrar sus cuentas. Además, a Bande, Manzaneda y Piñor les pide medidas por tener un remanente negativo.
