Angelina B.C., de 68 años, y Manel Gonçal C.B., de 27, la mujer y su hijo fallecidos el lunes tras precipitarse desde una pasarela en la estación de autobuses a la carretera N-120, llegaron a la ciudad el pasado día 3 de agosto, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, buscando la ayuda de unos familiares tras ser víctimas de un entorno familiar conflictivo. Confirman que la fallecida y su hijo habían tenido problemas el pasado día 1 en su domicilio de Barcelona.
Ambos, según las mismas fuentes, tras el conflicto, acudieron al Ayuntamiento barcelonés, en el que solicitaron ayuda para desplazarse a Galicia. El día 2 viajaron en avión hasta el aeropuerto de Santiago, desde donde se pusieron en contacto con sus familiares en Ourense, que intentaron mediar en el conflicto, alertando de su situación a los efectivos de emergencia. El día 3 viajaron en tren hasta Ourense, donde acudieron a la Policía Local para advertirles de la situación en que se encontraban.
Los agentes contactaron con sus homólogos de la Policía Nacional, al tiempo que les ofrecieron cobijo en la casa de acogida de víctimas de violencia machista, pero para ello les advirtieron que debían necesariamente denunciar los malos tratos, trámite que rechazaron asegurando que lo harían en Barcelona. En esa provincia no constan denuncias sobre cualquier tipo de delito al respecto. Además, familiares directos niegan que existiese cualquier tipo de situación agresiva en la familia.
Los policías se ofrecieron a buscarles cobijo, para lo que contactaron con el departamento municipal del Servicios Sociales. En el Concello reconocen que madre e hijo pasaron por el citado servicio, pero no confirmaron si les habían prestado ayuda. Los fallecidos se hospedaron en un hotel de la calle Juan XXIII, que abandonaron el lunes tras pagar la factura.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación y está llevando a cabo las pesquisas en colaboración con sus homólogos en Barcelona.
Mientras, el portavoz de Ciudadanos en el Concello de la ciudad, José Araújo, preguntó al gobierno local si la familia alertó de su situación a la Policía Local y Servicios Sociales y si se le ofreció algún tipo de ayuda.
