La presión policial para que los ciudadanos cumplan el confinamiento que establece el real decreto 464/2020 ante la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus está provocando una avalancha de denuncias contra aquellos que se empeñan en burlar el estado de alarma. Según la Delegación del Gobierno de Galicia, con datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 2.000 en la provincia entre la madrugada del 15 de marzo y el pasado día 17 de abril. Es decir, una media de 60 al día. A lo que habrá que sumar las propuestas de sanción de las policías locales (la de Ourense interpuso 709 entre el 15 de marzo y el 12 de abril).
Hay juristas que consideran que el estado de alarma es excepcional "y también excepcional ha de ser la respuesta sancionadora". Así lo cree el magistrado ourensano Alfonso Villagómez, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, partidario de concentrar las energías y medios de la Administración en aquellas denuncias policiales o inspectoras "cuyo rigor de motivación y panorama de indicios o circunstancias muestran conductas seriamente reprochables con desprecio a la grave situación y desobediencia real a la autoridad". Casos de malicia -apunta- "de listillos que son tontos o rebeldes con nulo sentido cívico". A ellos deben dirigirse para castigar y dar ejemplo "pues el estado de alarma es una cosa seria".
Pero en estas seis semanas de confinamiento cree que hubo infinidad de conductas que han sido objeto de denuncias con doble fuente: ciudadanos, los menos, desprovistos de malicia y hostilidad que se desplazaron por ignorancia o las atribuidas a un exceso de celo policial extremo que lleva sancionar "todo lo que se mueve". Villagómez tiene claro que "no falta una minoría de agentes" que se han excedido en su labor. "Solo así se explican -aduce- las enormes diferencias en número entre barrios lindantes de la misma ciudad o entre ciudades de características similares".
Villagómez: "El estado de alarma es excepcional y también excepcional ha de ser la respuesta sancionadora"
Algunas de estas actas administrativas que llegan a la Subdelegación de Gobierno en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- serán recurridas porque, según alegan algunos de los damnificados consultados por este diario, "son arbitrarias e injustificadas".
Casos como el de Manuel (no es su verdadero nombre) al que una patrulla de la Guardia Civil le paró en la madrugada del miércoles cuando iba a su casa de Xinzo tras regresar del trabajo. Los agentes, pese a la insistencia del sancionado, no se creyeron que fuera para la vivienda, en donde reside para poder cuidar el ganado, porque en su DNI figuraba otra dirección en la ciudad. Pese a los intentos desesperados de Manuel para demostrar que no mentía, "los guardias me dijeron que me llegaría una sanción de 600 euros y que después justificase lo que quisiera".
También hay trabajadores de áreas industriales que dan cuenta de casos de trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los controles. A José, por ejemplo, un guardia civil le reprochó por qué no hacía teletrabajo cuando regresaba del Polígono de San Cibrao. Situaciones puntuales que también son extensibles a agentes de la Policía Nacional con paradas abruptas en medio de la calle o a la Policía Local de la ciudad cuestionando las salidas del perro a pocos metros de la casa.
Ayer, agentes de la Guardia Civil, informa José Cruz desde O Barco, multaron durante la mañana a varias personas que hacían cola en la acera ante dos entidades bancarias ubicadas en la céntrica avenida de Marcelino Suárez. Incidencias, en todo caso, minoritarias en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de velar por el cumplimiento de las disposiciones del estado de alarma.
El magistrado Villagómez tiene claro que "la salud pública no se protege con sanciones sino con recomendaciones". El togado considera no hay estado de alarma que justifique que, a nivel nacional, "se imponga una multa cada seis segundos, a razón de 15.500 al día -600.000 sanciones-, que comprenderían entre 601 y 30.000 euros" . La jurisdicción contenciosa es la que resolverá los recursos de los afectados en vía judicial por esta razón el juez es partidario de "un cribado previo de las denuncias formuladas para disponer el archivo inmediato de las no consistentes". Para ello, el informe de la Abogacía del Estado, de fecha 2 de abril de 2020, puede servir de guía para un serio análisis de la ponderación y requisitos rigurosos de la potestad sancionadora.
Villagómez advierte que "si se incurre en el automatismo burocrático de cursar las denuncias al denunciado, como ha indicado el desnortado ministro del Interior, o darlas por consentidas y proceder a impulsar la maquinaria de provocar actos firmes y ejecutorios, de sanción o cobro, el papeleo será tan ingente como inútil y abusivo".
