La Policía le siguió porque había recibido información sobre que vendía con ayuda de una moto
El fiscal reclamó este jueves una pena de tres años y 10 días de prisión, demás de una multa de 3.500 euros, para Esteban V.R., de 27 años, por un delito de tráfico de drogas a pequeñas escala. El inculpado solo se declaró consumidor y buen colega ya que, según su versión, cuando iba de fiesta en ocasiones invitaba a sus amigos.
Pero la acusación pública mantiene que los útiles hallados en un garaje de un inmueble de la calle Rodríguez de la Pasera destinados al corte y al envasado así como los informes del forense -no aprecian sintomatología de consumo habitual-.
Durante el juicio, el fiscal ha considerado acreditado que el acusado se dedica al tráfico de sustancias estupefacientes en base a los utensilios hallados en el garaje, que estaban "destinados al corte y envasado de sustancia", así como a los informes forenses.
El proceso penal que sentó en el banquillo a Esteban V.R. tiene su origen en el seguimiento realizado por la brigada de Seguridad Ciudadana tras recibir una información comprometida: un vecino de la avenida de Zamora, del que se aportaban las características físicas, se dedicaba a la distribución de estupefacientes, utilizando una moto para realizar esa actividad con mayor rapidez. Los agentes encomendados a ese servicio vieron al inculpado el 30 de enero de 2018 en su moto Yamaha. Posteriormente lo vieron entrar al garaje y salir al cabo de 25 minutos. El acusaba llevaba consigo seis papelinas y en el garaje había más droga. En total, 100 gramos.
Los hechos tuvieron lugar el día 30 de enero de 2018 cuando, en el marco de un dispositivo de vigilancia, agentes policiales identificaron a una persona que respondía a las características físicas que les habían facilitado de una persona que presuntamente se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes.
La defensa sotuvo que "no se dan los requisitos mínimos que considere acreditado que se dedique a la venta" pese a reconocer que la cantidad incautada supera la establecida para consumo. Para ello, ha alegado que no constan actas de entrada y salida de personas en el garaje ni una cuantía importante de dinero y ha pedido la libre absolución o una pena inferior en dos grados a la que pide el fiscal.
Así, ha reclamado que se tenga en cuenta sus "circunstancias personales" y sociales relacionadas con el entorno en el que vive. "Tiene una hija de dos años, arraigo social, no tiene antecedentes computables a efectos de esta causa" , yuna incapacidad que ha situado en "un 51 por ciento".
