Firmas de la provincia temen perder hasta un 70% de su fichero de clientes con la nueva normativa
La nueva ley de protección de datos, que entra en vigor hoy mismo, tras los dos años que dio la Unión Europea a las empresas españolas para que se adaptaran al nuevo marco legislativo, está poniendo a prueba a las industrias provinciales. El secretario de la Confederación Empresarial de Ourense, Jaime Pereira, avisa que "la práctica totalidad" de las 22.971 empresas existentes en la provincia de Ourense a día de hoy, según el informe Ardán, tienen que adaptarse a la nueva legislación de protección de datos.
Esta ley obliga a que "haya un consentimiento expreso por parte del usuario para que sean utilizados tus datos personales y para qué", explica Diego González, gerente de la empresa Ingade que estas últimas semanas ha estado trabajando a ritmo frenético para que las empresas que se lo han solicitado tengan todo a punto frente a la nueva ley. "Nosotros hemos multiplicado por cinco el trabajo durante el último medio año y duplicado la plantilla para atender los encargos", añade.
En cuanto a los efectos que puede tener la entrada en vigor de esta normativa, apunta un detalle: "Nosotros hemos tenido reuniones con marcas de coches que tenían 70 u 80.000 usuarios en su base de datos, gente que había comprado el coche en ese concesionario o había utilizado su taller en algún momento, y temían perder hasta un 70% de esa base de datos por falta de consentimiento".
Algo que es confirmado por Manuel Díaz, responsable de calidad y protección de datos de Autogal. "Nuestro mayor problema está siendo conseguir ese consentimiento expreso por parte de los usuarios; llevamos más de un mes mandando e-mails pero a la gente le cuesta responder con ese consentimiento expreso y, a la espera de ver los datos definitivos este viernes -por hoy-, las previsiones son de ver reducido nuestro fichero de clientes entre un 60 y un 70%".
"El problema gordo para las empresas es que van a perder buena parte de esos ficheros que tenían, sobre todo los que trabajan con cliente final, como es el caso de los concesionarios", señala González.
Añade que "a nivel local hay un pánico tremendo, que entiendo excesivo", puesto que si la empresa no está incumpliendo voluntariamente la protección de datos, no tiene por qué haber problema. "Otra cosa es que ese cliente quiera que esa empresa borre sus datos, algo que puede exigir con la nueva ley, y no se haga", señala el responsable de Ingade.
César González, gerente de Contact Comunicación, empresa de márketing digital, apunta que, "nosotros trabajamos mucho las campañas de mailing y creemos que esta ley es muy buena porque clarifica el mercado". Entiende, por otra parte, que "más problema que nosotros, que estamos preparados ya para el nuevo marco legal, pueden tener los concellos pequeños, porque manejan multitud de datos y toda esa información está contemplada también en esta nueva ley de protección de datos".
Rosana Bernárdez Peña, de Serviturcea, empresa que organiza eventos y ofrece servicios, explica que "somos una pequeña empresa y ya controlamos con código cada fichero de nuestros clientes, así que seguimos las directrices que nos dicta la nueva ley". Añade que, "hasta ahora no hemos tenido problemas, por el volumen de datos que manejamos, aunque supongo que empresas de más volumen sí que sufrirán un mayor problema para adaptarse".
Jornadas informativas
Desde la CEO se han llevado a cabo sendas jornadas informativas sobre los cambios, "una recientemente, el pasado mes de abril, y en ellas se dejó claro que hay que ser muy minuciosos en las relaciones que se establecen con los clientes, especialmente por medio del comercio electrónico", señala Jaime Pereira.
El secretario de la CEO añade que "surge una figura nueva, que es la del delegado de protección de datos de cada empresa, que será el que deberá cuidar de tener los ficheros actualizados y notificados a la Agencia Estatal de Protección de Datos". El proceso de adaptación se ha ido "encargando a empresas especializadas" que han determinado las características que demanda cada industria.
Sanciones que pueden llegar a los 20 millones
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia alerta de las duras sanciones a las que se exponen los empresarios que no se adapten a la nueva ley. Estas multas pueden ir desde "un 4% de la facturación del año anterior hasta los 20 millones de euros", señala el gerente de Ingade.
El Colegio de Gestores advierte que gran parte de las pequeñas y medianas empresas gallegas todavía no se han puesto al día para el cumplimiento de este reglamento, por lo que animan a acudir a los despachos colegiados para asesorarse en caso de no saber cómo adaptarse.
“El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, así que una buena planificación evitará sorpresas desagradables”, señala Pilar Otero, presidenta del Colegio de Galicia.
