El nuevo abogado del exalcalde del PP Manuel Cabezas se ha dirigido al Juzgado de Instrucción 1, aunque el procedimiento pasó a Instrucción 3 hace dos años, para aplazar el llamado "caso del 10%" -las exenciones urbanísticas a los constructores en su etapa como regidor-. Pide que se suspenda la tramitación de las diligencias "por un plazo razonable" para que "se pueda ilustrar debidamente del estado de la causa". En caso contrario, según añade el abogado vigués José Fernández Iglesias," se estaría irrogando un claro perjuicio al investigado toda vez que vería cercenado su derecho de defensa".
Tras la apertura del juicio oral, las dos partes que ejercen la acusación -Fiscalía y la exedil de Urbanismo socialista Aurea Soto- ya presentaron sus escritos de calificación provisional en los que acusan al exregidor y al exedil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador de prevaricación continuada en concurso con malversación por no reclamar a los promotores y constructores la obligada cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a favor del ayuntamiento en virtud de un acuerdo plenario de 1994 que quedó sin efecto con la aprobación del PXOM de 2003.
Las acusaciones reclaman una condena para ambos políticos hasta siete años de prisión, además de penas de inhabilitación para empleo y cargo público.
