Un año más, un puñado de concellos de la provincia llegan tarde a su deber de remitir al Consello de Contas toda la documentación económica correspondiente al ejercicio anterior para que el organismo pueda fiscalizarlas y, dictaminar, si todo se ajusta a la legalidad y no hay cuestiones que subsanar. A día de ayer, casi dos semanas después de que venciera el plazo que establece la ley para remitirlas, eran 11 consistorios ourensanos los que figuraban en el listado de entidades que no las habían remitido. Destaca el caso de la ciudad de Ourense (que ha convertido en norma llegar tarde a este trámite), acompañándole A Rúa (que el pasado lunes aprobaba en pleno la Cuenta General, por lo que pronto saldrá de esta lista), Baltar, Cortegada, Lobios, Os Blancos, Petín, Pontedeva, Verín, Vilariño de Conso y Xunqueira de Ambía.
Las consecuencias para estos ayuntamientos, en caso de que la situación se prolongue en el tiempo y no logren sacar adelante su cuenta general -elaborada por los departamentos de Tesorería y, posteriormente, dictaminada en comisión antes de ser aprobada en el salón de plenos para poder enviarla al Consello de Contas-, se exponen a no poder optar a las distintas líneas de ayudas y subvenciones que convoca la Xunta, además de a una pequeña multa económica.
En este sentido, son varias voces ya las que urgen al Gobierno central que la normativa se ha quedado obsoleta y que es necesario endurecer el castigo para aquellas entidades locales que no cumplan con su obligación de rendir cuentas para su fiscalización. Un informe coordinado por el profesor del Campus Alberto Vaquero concluye que “es necesario ampliar las sanciones por incumplimiento, puesto que la actual horquilla, entre 60,1 y 905,52 euros, resulta una cantidad manifiestamente obsoleta. Además, el Tribunal de Cuentas es de la opinión de reducir la participación en los tributos del Estado a aquellos ayuntamientos que no cumplen con sus obligaciones”.
Una década
Este año se cumplen 10 años desde que la Xunta aprobase el decreto que establecía la cláusula de que los concellos que incumpliesen su obligación de rendir cuentas serían penalizados con no poder optar a subvenciones públicas, ya que hasta esa fecha no existía ningún tipo de castigo para aquellos que escondiesen sus cuentas al organismo fiscalizador, lo que redujo considerablemente los ayuntamientos que eludían la legislación.
Una vez enviadas las cuentas generales al Consello de Contas, este ente procede a su análisis y pueden detectar carencias o defectos que, posteriormente, los consistorios deben corregir. Lo habitual es que la mayoría reciban el visto bueno.
Alberto Vaquero explica también que, en muchos casos, los concellos se ven penalizados por la falta de recursos, una de las quejas habituales de los alcaldes. “Creemos que en los entes locales gallegos que no rinden, que son minoría, su actitud está más bien vinculada a la escasez de medios técnicos y personales. Como ejemplo de esta realidad basta señalar que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos con más población rinden la cuenta y, además, lo hacen en plazo”, recoge el experto.
La excepción, una vez más, es el Concello de Ourense, que en estos momentos tiene en fase de exposición pública el documento y que no tiene todavía fecha prevista para llevarlo al salón de plenos y poder así dar luz verde al envío al Consello de Contas.
Un técnico de la ciudad: “Hai un evidente problema coas facturas”
La elaboración de la Cuenta General no es el único problema de gestión económica en el Concello de Ourense, que además de haber aprobado un solo presupuesto en los últimos años, ve como tiene disparado el período medio de pago a proveedores.
Además, coincidiendo con la tramitación de un expediente de reconocimieno extrajudicial de créditos que se llevará al próximo pleno para aprobar el pago de 70.000 euros a bancos por intereses de demora, el jefe de Gestión Económica, Julio Fontaíña, ha elaborado un informe que pone el foco sobre el elevado importe que el Concello ha destinado en los tres últimos ejercicios cerrados para intereses de demora, una cantidad que supera el millón de euros.
“Recoméndase realizar os estudos, planificación e posterior implementación de medidas para reducir o elevado importe”, concluye el técnico, contrastándolo “coa existencia dun moi elevado remanente de tesourería para gastos xerais, conformado en gran parte por uns saldos líquidos en contas bancarias, saldos de efectivo polos que pola súa parte as entidades bancarias están exixindo xuros”.
Además de esta cuestión, Fontaíña también aborda en otro informe del expediente que los intereses de demora son consecuencia de la falta de agilidad administrativa a la que no se ha puesto remedio bajo el mandato de Gonzalo Pérez Jácome. “É evidente que existe un serio problema na tramitación das facturas que é preciso solucionar, como ten solicitado e indicado reiteradamente este Órgano de Xestión Económica, sendo incrementado este problema pola improdutiva utilización de recursos públicos no pagamento de xuros de demora por retrasos nos pagamentos de facturas”, explica el técnico.
